Cuatro denuncias por lavado de dinero en contra de Lázaro Báez e interviene la Afip Cuatro denuncias por lavado de dinero en contra de Lázaro Báez e interviene la Afip
Dos de las denuncias cayeron por sorteo en manos del juez federal Sebastián Casanello, nombrado hace seis meses en ese cargo, mientras que una tercera fue asignada al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien también está a cargo del caso del atentado a la Amia, una causa sensible para el Gobierno.
Además, el fiscal Carlos Stornelli también interviene en el tema, tras una presentación del ex fiscal de Investigaciones Administrativas y actual diputado radical Manuel Garrido, donde se solicitan medidas de prueba que incluyen allanamientos y detenciones, indicaron fuentes judiciales.
En tanto, los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Federico Pinedo (PRO), Laura Alonso (PRO) y Carlos Brown (Frente Peronista) radicaron una denuncia por presunto lavado en la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de Carlos Gonella, una repartición creada recientemente por la jefa de la Procuración.
La batería de presentaciones se disparó ayer en los tribunales federales como consecuencia del programa “Periodismo para Todos” que emitió la noche del domingo Canal 13, donde una cámara oculta mostró al contador Leonardo Fariña, marido de la modelo Karina Jelinek, revelando detalles sobre cómo había “sacado” dinero del país por disposición de Báez, un fuerte empresario ligado al kirchnerismo.
Primero, la diputada Elisa Carrió se presentó en el edificio judicial de Comodoro Py 2002 ante el juez federal Julián Ercolini, quien desde 2008 tiene una denuncia impulsada para investigar una presunta asociación ilícita que integrarían el ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y los empresarios Báez y Cristóbal López, entre otros.
Para Carrió, las pruebas ventiladas en el programa servían para ampliar su denuncia original. Pero Ercolini entendió que esos hechos debían formar parte de una nueva investigación y envió la denuncia a la Cámara Federal, donde por sorteo recayó en manos de Casanello, designado al frente del juzgado 7 el 12 de octubre del año pasado.
Mientras todo este trámite se sustanciaba, otros dos abogados se presentaron en los tribunales federales. El primero fue el Dr. Alejandro Sánchez Kalbermatten que, por derecho propio, se presentó a denunciar por encubrimiento y lavado de activos a “Lázaro Báez, Martín Báez, Leandro Báez, Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi”, y la presentación recayó por sorteo en el juzgado de Canicoba Corral.
Después se presentó en los tribunales el abogado Ricardo Monner Sans, quien hizo una denuncia en términos similares -asignada al juzgado de Casanello- y en donde se pide una profunda investigación de todas las personas involucradas, por delitos que abarcarían “blanqueo de dinero, sobrefacturaciones, asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público, amenazas, fraude fiscal, uso sin control de aviones privados, etc. etc. etc.”.
Como los hechos denunciados son los mismos, será la Cámara Federal la que resuelva qué juez debe investigarla. Habitualmente, habiendo dos denuncias similares, queda en manos del juez que la recibió primero o el que tenga una instrucción más avanzada. Las revelaciones periodísticas llegaron también hasta la fiscalía de Carlos Stornelli.
Fue en ese marco que el diputado Garrido sugirió una serie de medidas, allanamientos y hasta detenciones.
La Justicia deberá esclarecer y ahondar en los alcances del informe “La ruta del dinero K”, donde se mostró a Fariña jactándose de haber realizado maniobras financieras para enviar unos 55 millones de euros en seis meses al exterior.
De acuerdo a esa investigación, Fariña habría orquestado a pedido de Báez el plan para sacar el dinero a través de la financiera SGI, de Federico Elaskar quien, en el mismo programa, ratificó las maniobras y denunció la existencia de más de 50 sociedades “off shore” creadas para realizar las transacciones.
En el negocio, dijo Elaskar, también estaría involucrado Rossi, quien habría actuado como nexo de las operaciones bancarias en Panamá.
