Conciliación obligatoria frenó el paro de empleados de Salud

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto paritario que mantienen los trabajadores del Sindicato de la Sanidad y los establecimientos privados de todo el país, por el cual habían anunciado un paro de actividades para este jueves y viernes, con una duración de cuatro horas por cada turno.

El organismo dio por iniciado el período por el término de quince días y ordenó al gremio “dejar sin efecto” toda “medida de acción directa” que impida el funcionamiento adecuado de los servicios.

Además, intimó a las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos (Cacep), en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y en la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa), entre otras entidades, ‘a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal y/o con cualquier otra persona”.

Desde la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) se exige una recomposición salarial del 45% y como esta semana se venció el plazo para acordar en paritarias, se anunció la medida de fuerza.

A nivel local, desde Atsa se comunicó que se acatará a nivel nacional la conciliación, por lo que se trabajará de manera normal. No obstante expresaron: “No dejaremos de exigir una recomposición salarial”.

Por su parte, el titular de Aclise que representa a sanatorios y clínicas, Aldo Yunes, remarcó que aunque se haya dictado la conciliación obligatoria que desactivó las medidas de fuerza, lejos se está de una solución al problema de fondo que es el desfinanciamiento de los prestadores de salud por la falta de actualización de aranceles.

Yunes valoró la reunión que hubo ayer de las principales cámaras de prestadores nucleados en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (Faps), donde se “mostró la realidad del sector y su importancia con la fuente de trabajo que generamos”. Sin embargo, dijo que “esperamos repercusión de autoridades nacionales, y nos convoquen desde el Ministerio y las principales autoridades de las financiadoras (Pami, obras sociales y prepagas)”.

Sobre el reclamo salarial, dijo que el Gobierno al dictar la conciliación, “se asumió que en este estado de cosas no se puede asumir un compromiso que nadie puede cumplir. Muchas provincias -contó Yunes-, han planteado situaciones más críticas, más en este contexto de pandemia”.

Y reiteró: “No se resuelve el problema de fondo, esperamos que el Gobierno nacional tome cartas en el asunto para resolver la cuestión central que es la falta de financiamiento que de a poco irán a la quiebra a las instituciones. Es la consecuencia final que no queremos, pero como está dada la situación, es la extrema gravedad”.

Por el lado de las financiadores, desde el Iosep señalaron a EL LIBERAL que la obra social de los empleados provinciales brinda una amplia cobertura Covid-19 al 90% en prestaciones médicas, internaciones y medicamentos; sumó que se autorizó un aumento del 47% para los prestadores, y que se reconoce el oxígeno por separado del valor del módulo. Por estos puntos, entre otros, indicaron que la prestación normal está garantizada para los afiliados.

En el Pami, señalaron que no fueron comunicados de una medida de fuerza por lo que la atención a sus afiliados será normal y apuntaron que los acuerdos por los aranceles se manejan a nivel de Buenos Aires, incluso con las prestadores de salud locales. l