En plena pandemia, hubo 13 sentencias en juicios por delitos de lesa humanidad

Durante 2020, un año complejo por la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia por el coronavirus, hubo 13 veredictos en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.

El 27 de abril, por videoconferencia ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a cadena perpetua a 28 genocidas por delitos perpetrados en la llamada “Subzona 15”, una área de operaciones de las fuerzas de la represión con eje en la ciudad de Mar del Plata y sus alrededores.

Se trató de la primera sentencia dictada en un juicio por delitos de lesa humanidad en el marco del aislamiento social que había entrado en vigencia el 20 de marzo.

El 12 de mayo el Tribunal Federal en lo Criminal del Chubut condenó a seis años de prisión al ex comisario Tito Nichols por la desaparición del militante del Partido Comunista Elvio ángel Bel.

Por la misma resolución, se absolvió al ex marino Hernán álvaro Hermelo, quien al momento de la desaparición prestaba servicios en la base Almirante Zar de Trelew dependiente de la Armada.

El 14 de mayo la Justicia Federal de Rosario impuso la pena de prisión perpetua a seis policías y condenó a otros 4 a penas que van de 16 a 22 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y violaciones perpetradas durante la última dictadura militar.

Otras de las condenas al inicio del aislamiento

Otras de las condenas al inicio del aislamiento

El 21 de mayo, la jueza federal Beatriz Estela Aranguren condenó a ocho represores a diferentes penas, que van desde cinco años de prisión a perpetua, por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 20 personas, en el juicio de lesa humanidad de la denominada causa “área Paraná II”. En la causa, que se tramita por el antiguo Código de Procedimientos Penal, por lo que las actuaciones son en su mayoría secretas y por escrito, se investigó la responsabilidad de los acusados en privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y otros delitos cometidos contra 20 víctimas entre 1976 y 1977; y el secuestro, desaparición y homicidio del militante peronista Jorge Emilio Papetti.

Celebran fallo de Casación que dictó reabrir la causa de “La Fronterita”

El abogado Pablo Gargiulo, representante de las querellas de las víctimas y el Estado en la causa que se sigue por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el ingenio tucumano de “La Fronterita”, durante la última dictadura cívico militar, consideró que “los empresarios imputados deben ser procesados” tras el fallo de Casación que esta semana ordenó reabrir la investigación de los hechos.

“Estamos ante un fallo que anula una falta de mérito dictada por el juez de instrucción y una cámara federal de apelaciones. Creemos que ahora está todo dado para que se dicte un procesamiento y se abra el camino al juicio oral”, señaló Gargiulo. El miércoles, los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos dejaron sin efecto la falta de mérito que había dictado el juez federal de Tucumán Daniel Bejas a favor de exdirectores del ingenio.

Se trata de Alfredo José Martínez Minetti, Fernando Cornú de Olmos, Eduardo Butori y de Jorge Alberto Figueroa Minetti, que había sido confirmada en julio por la Cámara de Apelaciones de Tucumán.

Un mes después, el Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos de Tucumán pidieron ante la Cámara de Casación Penal que se revoquen las medidas dictadas en favor de los exadministradores de “La Fronterita”.

“Se trata de un caso paradigmático de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado y que se debe investigar el rol que tuvieron los empresarios con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra los trabajadores del ingenio”, apuntó Gargiulo, integrante de la Asociación de Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).

Esta entidad representa una querella que siguen los familiares de Fidel Jacobo Ortiz, un trabajador y gremialista de la industria azucarera que se encuentra desaparecido.

Familiares de la víctima piden que se investigue a directivos de Minetti

Los familiares de la víctima piden que se investigue la implicación que tuvieron directivos del grupo Minetti con ése y otros 67 hechos ocurridos entre 1975 y 1977 en “La Fronterita”.

El fiscal federal de Tucumán Pablo Camuña y la querella de Andhes pedían que se investigara a Figueroa Minetti, Butori, Martínez Minetti y Cornú de Olmos, integrantes del consejo directivo de La Fronterita en la provincia durante el desarrollo del Operativo Independencia y la dictadura.

Mediante ese plan operativo, el Ejército se desplegó en la provincia con el propósito de exterminar los focos guerrilleros que el PRT-ERP había instalado en las zonas rurales, y se cometieron violaciones a los derechos humanos que aún se siguen investigando en la Justicia Federal.

La investigación del Ministerio Público y de los organismos estableció que en ese ingenio, ubicado en el departamento de Famaillá, el grupo Minetti permitió que se instalara un centro clandestino de detención ilegal donde trabajadores y habitantes de las colonias de la zona padecieron cautiverios y torturas.