Se presentaron cinco propuestas para salvar el Correo Argentino

El juzgado que tramita el concurso preventivo del Correo Argentino S.A., administrado por el Grupo Socma de la familia Macri, recibió cinco propuestas de “salvataje” de empresas y particulares para evitar su quiebra definitiva.

Esta es una de las últimas instancias legales para evitar la liquidación de la firma luego de un proceso legal que se inició en 2001, cuando el Correo comenzó a tener dificultades para afrontar el canon que le pagaba al Estado por la concesión y sus deudas por financiamiento de inversiones.

Ayer a las 9.30 venció el plazo para que los interesados en colaborar con el salvataje de la firma presentaran sus propuestas a la titular del Juzgado Comercial 6, Marta Cirulli, contando los activos y pasivos que pudieran adquirir para sanear las cuentas de la empresa.

Vencido el plazo, la jueza incorporó cinco propuestas de Ocasa; Transporte Chimiray SRL; MV Cargo SAS; Valuaciones SA y Jorge Alberto Anselmi, que deberán evaluarse y conseguir el acuerdo de los acreedores de querer aplicarse.

La decisión de iniciar el proceso de salvataje, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, fue confirmada en diciembre por la Sala B de la Cámara en lo Comercial, luego de que la fiscal Gabriela Boquin se opusiera por haber constatado en todo el procedimiento preventivo maniobras para el “vaciamiento” en la empresa, “acuerdos fraudulentos para obtener la homologación del acuerdo preventivo”, “pago de cifras millonarias en concepto de honorarios” y “montos elevadísimos” como anticipos al directorio.

En noviembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato de concesión al Grupo Macri denunciando que la empresa sólo había cumplido con el pago del canon durante el primer año, por lo que en 2001 la deuda del Correo con el Estado ascendía a 296 millones de pesos.

Quince años después, en junio de 2016, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial homologó un acuerdo entre el Correo Argentino y sus acreedores para pagar su deuda en 15 cuotas anuales y consecutivas a abonarse desde fines de 2017.

Sin embargo, el acuerdo no prosperó porque la fiscal Boquin consideró que el arreglo era ‘abusivo’ y dañaba ‘gravemente’ el patrimonio del Estado, acusación que finalmente derivó en una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri que investigó el juez federal Ariel Lijo.