La fiscal Garzón sostuvo que Rocchia Ferro quiere dar "una limosna" a cambio de que sus delitos sigan "impunes"

Este jueves a las 16, proseguirá en el Tribunal Oral Federal local la audiencia por el pedido de probation (suspensión de juicio a prueba) solicitado por el empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, por la causa en la que está acusado de contaminar un pueblo en el departamento de Jiménez, con vinaza.

Sin embargo, la Fiscalía, representada por la Dra. Indiana Garzón, se opone férreamente a suspender el juicio contra el poderoso industrial y sostuvo que "pretende dar una limosna" para que el delito que cometió continúe "impune".

Rocchia Ferro es propietario del ingenio y destilería La Florida que a fines de 2012 y principios de 2013, arrojó millones de litros de vinaza pura, un desecho de la elaboración de bioetanol, a un canal interprovincial que nace en Tucumán y termina en la localidad El Palomar. También es juzgado el gerente de la planta, José Ramón Coronel.

Luego de que el camarista de Catamarca, Juan Carlos Reynaga, fuera designado para integrar el tribunal con Abelardo Basbús y Federico Bothamley (fue apartado Gabriel Casas por el vínculo que tenía con uno de los denunciantes) el 31 se realizó la audiencia solicitada por los imputados.

El industrial ofrece un resarcimiento económico a la localidad y también a las provincias de Tucumán y de Santiago, incluso a dar clases sobre producción limpia en establecimientos educativos santiagueños, entre ellos El Palomar. Sin embargo, la fiscal federal Indiana Garzón se opuso a la compensación que proponía el empresario dueño de la compañía azucarera "Los Balcanes" S.A., a la que comparó con una "limosna", o "una aspirina a un enfermo de cáncer."

Para Garzón, los vuelcos de millones de litros de vinaza pura que contaminaron al pueblo, es "un delito aún impune, cuya gravedad y acumulación en el tiempo excede ampliamente la pena que lo habilitaría a optar por una simple compensación pecuniaria". Es por eso que además de la compensación, la fiscalía considera necesaria una sanción penal.

"Aquí se trata -recalcó en diálogo con EL LIBERAL- de un delito contra el medio ambiente y no solamente contra la salud pública". Agregó: "Los afectados no sólo son los pobladores actuales de la zona de El Palomar, dto. Jiménez, sino también las generaciones futuras y el ecosistema de la cuenca Salí-

Dulce. Además, se trata de un delito llevado a cabo de manera continua y con impunidad".

La representante del Ministerio Público Fiscal juzgó que "a los empresarios les conviene ser multados antes que realizar las modificaciones en los modos de producción para tratar los desechos de manera ecológica". A modo de ejemplo, indicó que Rocchia Ferro acumula desde el año 2010, veintiséis multas, dos apercibimientos y seis causas judicializadas.

"Limosna"

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal se opuso a la supuesta compensación ofrecida por los empresarios, por tratarse de algo comparable a una "limosna" si se tiene en cuenta la escala de ganancias obtenidas a costa del deterioro permanente del medio ambiente, consideraron. Detalló que la compañía azucarera "Los Balcanes" agregó a su habitual producción de azúcar, la producción de bioetanol. Apuntó que según datos obtenidos de sus propias declaraciones y de fuentes gubernamentales de la provincia de Tucumán, la empresa estaría produciendo 400.000 litros de bioetanol por día, lo que implica 5 millones 600 mil litros de vinaza como desecho, con el enorme impacto que eso implica.

Tomando en cuenta estos datos, indicó que "según el Ministerio de Energía de la Nación, el litro de bioetanol a base de caña se cotizaba al mes de junio de este año a $18, lo que daría una cifra aproximada de ganancias de 216 mil millones de pesos al mes, y más de 2 billones y medio por año" y apuntó que "la empresa dijo en una nota al inaugurar la zafra 2017 que no paró de producir diariamente".

Ante ello, desde el MPF sostuvo que "frente a lo inimaginable de esas cifras para el común de los ciudadanos, se pretende compensar apenas con 18 millones de pesos para las dos provincias de Santiago y Tucumán, según lo ofrecido por el abogado de los empresarios".