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La Justicia investiga a una hermana de Triaca

La Justicia imputó a Lorena hermana del ministro de Trabajo Jorge Triaca que trabajaba en Cancillería por la firma de contratos pÃblicos

La Justicia imputó a Lorena, hermana del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que trabajaba en Cancillería, por la firma de contratos públicos.

16/04/2018 16:43 Política
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BUENOS AIRES.- El fiscal, Joge Di Lello, imputó a Lorena, la hermana del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que trabajaba en Cancillería, por la firma de contratos públicos dado que habrían favorecido a una empresa de la que fue titular hasta mayo de 2016.

La empresa Unify Communications obtuvo 33 contratos públicos en los últimos 4 años por más de 60 millones de pesos.

El fiscal investiga ahora dos contratos que mantuvo la empresa de comunicaciones con el Gobierno porteño.


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La defensa de la hermana del ministro sostuvo que Lorena no tenía ningún tipo de decisión en la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que depende de Cancillería.

Además, afirmaron que era accionista de la empresa de comunicaciones.

Lorena Triaca es una abogada de 46 años, que fue directora de Unify Communications desde su fundación en el 2008 hasta mayo de 2016.

Renunció en enero pasado a la Agencia de Inversiones, luego de conocerse el decreto presidencial por el cual los familiares de funcionarios no podían trabajar en el cargo.

Si bien la mayoría de los contratos con Unify Communications fueron de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la ciudad, también realizaron trabajos para el Teatro General San Martín, centros de salud, y la Usina de Arte, entre otros.

Jorge Triaca se vio envuelto en una gran polémica a comienzos de este año, cuando se conoció un audio donde insultaba a su empleada doméstica. Además, se supo que trabajaba en negro y que el ministro le había dado un lugar en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Organizados (SOMU).

Por otro lado, se conoció también que el ministro tenía a varios familiares trabajando en el Gobierno nacional. Luego deberían renunciar por el decreto presidencial que impediría que los funcionarios de alto rango tengan parte de la familia en la función pública.

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