El Senado aprobó numerosas leyes de asistencia y apoyo a las víctimas de delitos

Se aprobó hoy por unanimidad una importante agenda de proyectos de ley destinados a reparar y ampliar los derechos y la protección estatal a personas que sufrieron algún tipo de delito o privados de asistencia.

En primer lugar, la Cámara Alta dio media sanción al proyecto que establece la creación del Centro de Asistencia a las víctimas de delitos e incorpora la figura de un defensor público en cada provincia. Además, postula que las víctimas tienen derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que necesiten para ejercer sus derechos, entre los cuales se mencionan que se reciba de inmediato su denuncia, se respete su intimidad, ser asistida e informada correctamente, a la mayor celeridad posible del proceso judicial, a aportar información y pruebas, y a ser escuchada antes de cada decisión.

El senador Gerardo Zamora, vicepresidente del Senado, expresó que “al aprobar estas leyes, estamos dándole al Estado más herramientas para asistir, contener y acompañar a las víctimas de delitos en la búsqueda de justicia, ya que muchas veces son re victimizadas durante el proceso judicial, por falta de información o del acompañamiento técnico adecuado”.

También, el Senado aprobó la creación de un régimen de subsidios especiales a los menores huérfanos de madre por femicidios o violencia de género o intrafamiliar, a partir de la fusión de un conjunto de proyectos; entre ellos uno presentado por la senadora Ada Iturrez de Cappellini. En la misma línea, se votó una modificación al Código Civil y Comercial que establece la privación de la responsabilidad parental a los condenados por femicidio.

Finalmente, se creó un Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales, que alcanza a cerca de 15.000 niños entre 13 y 21 años de edad que no cuentan con asistencia de sus familias, brindándoles acompañamiento personal y una asignación mensual; así como un régimen de reparación a las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la asignación de una pensión graciable durante 10 años.