Aranguren y Macri imputados por la tarifa del gas

El fiscal federal Franco Picardi, solicitó al juez Sebastián Casanello que abriera la investigación que promovió a Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez.

Dicha investigación busca determinar si los incrementos tarifarios del gas el año pasado, implicaron un fraude al Estado o si se dieron por un pago de sobornos a funcionarios públicos para que dieran el aval en los aumentos.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, los fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas hicieron el año pasado una presentación para analizar si pudieran haber existido delitos que sean vinculados a negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho a raíz del aumento en las tarifas de gas.

La orientación de la investigación penal surgió de notas periodísticas que señalaban que socios y amigos de Mauricio Macri habían comprado empresas de electricidad y gas. Estas denuncias, apuntaron a Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto; y a Jhon Lewis y Marcelo Mindlin, por acciones de Petrobras.

Los investigadores de la Procuraduría también tuvieron sospechas porque el aumento se hizo sin que mediara una audiencia pública, lo cual -indicaron- no fue un simple "error técnico".

El tarifazo, de todas formas, fue frenado por orden de la Corte Suprema de Justicia, que obligó al Gobierno a llevar adelante las audiencias publicas para escuchar las voces que se oponían al aumento de la tarifa.