Báez pide que le levanten un embargo para pagarle a la AFIP

Además de la causa por lavado en "La ruta del dinero K" por la que está en la cárcel desde hace cinco meses, Lázaro Báez es investigado por la presunta evasión de aportes jubilatorios por 33 millones de pesos a la AFIP, correspondientes a un conglomerado de empresas del Grupo Austral.

Sobre el empresario K pesa un embargo de $800 millones en la causa por lavado, medida que Báez pidió que se levante para pagar "las cuotas que la AFIP determine" como parte de un plan de pagos. En dos ocasiones el zar de la obra pública K en Santa Cruz insistió en su intención de acogerse a una moratoria.

Su abogado defensor, Gonzalo Díaz Cantón, presentó un nuevo escrito en la causa que investiga el juez Ezequiel Berón de Astrada en el que pidió que el organismo recaudador informe el estado de cuenta y deuda de cada empresa señalada de retener indebidamente los aportes de la seguridad social de los trabajadores, y en segunda instancia, que se lo habilite a acceder al régimen de moratoria votada hace meses por el Congreso.

Báez llegó a emplear a 5.000 trabajadores durante el kirchnerismo y manejó casi 34 mil millones de pesos en contratos viales que dejó inconclusos en un 50%, de acuerdo a Clarín. En el escrito hizo otro pedido: que se suspenda el embargo de $800 millones que el juez federal Sebastián Casanello ordenó sobre sus bienes y cuentas. Esta medida alcanza a su hijo mayor, Martín, doblemente procesado por lavado de dinero.

En el escrito, el empresario pide autorización para la apertura de una cuenta a nombre del tribunal y que libere los fondos necesarios para poder "acceder a los beneficios mediante el pago de las obligaciones" que dice no poder afrontar, a pesar de tener una fortuna de $ 1.373 millones sólo en propiedades.

LA JUSTICIA SUIZA ENTREGARá INFORMACIóN SOBRE BáEZ

La fiscalía federal suiza informó que "está en curso de ejecución" el pedido de información de la Argentina sobre diez cuentas bancarias y documentos judiciales relacionados con Báez, de acuerdo al vocero Anthony Brovarone, citado por la agencia de noticias AFP.

El exhorto emitido por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan -recibido en Suiza en agosto pasado- el pedido contenía solicitud de información sobre una presunta cuenta del empresario K en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían por beneficiarios a sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martín y Melina).