Ley del arrepentido y extinción se debatirán en el Senado

Los senadores avanzarán este miércoles con la firma de los dictámenes para los proyectos de ley que crean la figura del arrepentido en casos de corrupción y la recuperación de bienes de procedencia ilícita y los someterán a votación el 7 de septiembre, pero volverían a la Cámara de Diputados.

Luego de un receso de tres semanas, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que preside el entrerriano Pedro Guastavino (PJ-FPV) volverá a reunirse el miércoles a las 14 con el objetivo de firmar el dictamen para esos dos proyectos.

Tras su aprobación por trámite exprés en la Cámara de Diputados, estas dos iniciativas impulsadas por el massismo y avaladas por el oficialismo como herramientas contra la corrupción y el narcotráfico, quedaron trabadas en el Senado luego de que todos los especialistas convocados para dar su opinión los cuestionaran.

Ahora los senadores prevén firmar los dictámenes para ambas iniciativas con el fin de llevarlas al recinto el 7 de septiembre para su votación, pero volverían a la Cámara de Diputados debido a las modificaciones que se les hicieron a partir de las críticas de los especialistas.

Si bien la Comisión de Justicia no dejó trascender los detalles de los cambios hechos a los proyectos, los puntos críticos en ambos casos tienen que ver con la etapa de la causa judicial en la que se aplicará el decomiso de bienes -también llamado extinción de dominio- o la figura del arrepentido.

Respecto de la figura del arrepentido para casos de corrupción, los cambios tendrían que ver con el momento en el que el colaborador recibe el beneficio, antes o después de que concluya el juicio oral, y con quién negociaría la reducción de la pena, si con el juez o con el fiscal.

Información Pública

Mañana, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tiene previsto firmar el dictamen para el proyecto del Poder Ejecutivo sobre acceso a la información pública, que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados.

La iniciativa sería convertida en ley en la sesión prevista para el 7 de septiembre.

El eje central del proyecto es el principio de ‘legitimación activa’, según el cual ‘toda persona humana o jurídica, pública o privada’ puede solicitar información pública sin necesidad de contar con un patrocinio legal ni exponer la motivación de su solicitud.

También señala que están obligados a brindar información a quien la solicite los tres poderes del Estado; el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas del Estado y los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y el Banco Central, entre otros. l