Investigan “asociación ilícita” y despojo de 250 mil hectáreas de tierras a pueblos originarios Investigan “asociación ilícita” y despojo de 250 mil hectáreas de tierras a pueblos originarios
La Justicia santiagueña
investiga presuntas apropiaciones
de tierras pertenecientes
a familias de pueblos
originarios, causa en la
que están acusados empresarios,
abogados, empleados
de algunas empresas y
una escribana.
Se los acusa
de quedarse con 250.000
hectáreas.
Según el proceso que timonea
la fiscal Gabriela
Gauna, en el expediente N°
1586/2013 denuncia interpuesta
por la fallecida doctora
Leticia Mabel Bravo y
continuada por el Dr. Carlos
Weyembergh en contra
de Guillermo Masoni, Horacio
Masoni; Rodrigo Posse;
escribana María Mercedes
Nuri; Juan José Díaz;
Eduardo Miguel Carlon y
Miguel Cabrera, por supuesto
delito de asociación
ilícita.
Con órdenes de detención
refrendadas por el juez
Darío Alarcón, una comisión
policial de la División
de Homicidios y Delitos
Complejos de la Policía de
la Provincia realizó procedimientos
y detenciones desde
el miércoles.
El abogado
Rodrigo Posse fue apresado
y ayer recuperó la libertad
bajo fianza.
Procedimientos
En forma simultánea,
una comisión policial habría
viajado a la provincia
de Buenos Aires con varios
oficios y pedidos de detenciones.
Siempre sobre la base de
la acusación, testimonios
y procedimientos, trascendió
que los hechos denunciados
se presentaron en el
año 2013.
La abogada Leticia
Bravo (ya fallecida) habría
denunciado la existecia
y accionar de una “asociación
ilícita” tendiente a despojar
a las familias del interior
de sus propias tierras.
A tal fin, los responsables
habrían obtenido títulos
de propiedad apócrifos,
convirtiendo a los reales
dueños en usurpadores
y procediendo al despojo de
todos ellos.
Según la denuncia, una
y otra vez, los investigados
habrían accionado en contra
de aquellas familias y
hasta de sus abogados que
los defendían, quienes intentaban
alcanzar reparaciones
que jamás arribaron
a buen puerto.
Desde el `70 a esta parte
Las tierras en cuestión
habrían sido expropiadas y
nacionalizadas en la década
del 40. El objetivo del Estado
nacional fue que pasaran
a los pueblos originarios y
campesinos.
La denunciante subrayó
que los despojos
se iniciaron en la década
del `70. En todos los casos,
el modus operandi
habría sido documentación
falsa, procedimientos
y desalojos de las propias
familias, quienes
presentaban documentos
y revelaban que hasta
sus abuelos nacieron
y murieron en las tierras
en pugna.
