Asesinato de un encargado develó supuesta doble venta de un campo valuado en u$s 5 millones

El encargado de un campo fue ejecutado de siete tiros en Pinto (Aguirre) y su tragedia desnudó que en la propiedad convivían dos presuntos dueños paralelos: un ganadero santiagueño y un grupo empresario cordobés, hoy disputándose la propiedad de 1.000 hectáreas "vendidas" por particulares de Tostado, Santa Fe, valuadas en casi U$S 5.000.000. 

Todo comenzó el 24 de noviembre de 2021. El porteño José Alberto Sánchez fue asesinado en las afueras de la ciudad de Pinto, a 9 kilómetros, mientras cuidaba 1.000 prósperas hectáreas sembradas con algodón y soja. 

Urgente, la Justicia posó sus ojos en la vida de la víctima, su entorno, amigos y patrones. En el plano económico, fue presentado un grupo inversor cordobés como los propietarios del campo, aunque en teoría arrendaba la tierra, previo contrato refrendado con un ganadero con residencia en Pinto.

Versión de una parte 

Contextualizado, los abogados que asisten al ganadero (Vicente García, Matías García Crespi e Ignacio García) manifestaron ayer que en 2016 "nuestro asistido refrendó un contrato de alquiler con opción a compra al dueño del campo, ganaderos de Santa Fe, según una cláusula contractual". 

Ahondaron: "La operación se firmó por U$S 1.200.000. Pagó 200.000 y el saldo quedó sujeto a la entrega de la escritura a favor de nuestro representado", indicó Vicente García a EL LIBERAL. 

¿Qué pasó con ese documento? La respuesta no aparece en el escenario, aún seis años después. Siempre según la versión de los abogados del santiagueño, "en junio de 2019 nuestro patrocinado arrendó el campo a un grupo inversor cordobés. Por contrato, la otra parte debía pagarle 46 toneladas mensuales de soja, algo así como U$S 10.000, pagos que eran normales hasta fines de 2021", agregó García.

La otra verdad 

De acuerdo con los actores, emergió documentación nueva. ésta dejaba entrever que el grupo cordobés también adquirió el campo en casi U$S 1.500.000, pese al otro teórico trámite en espera de escritura. 

Ahora, en los tribunales de Añatuya confrontarían las tres partes: el santiagueño, el grupo cordobés y el santafesino. Los dos últimos aún no habrían presentado documentación. 

Sin embargo, el ganadero santiagueño tomó la iniciativa, en diciembre pasado, con una denuncia por presunta "estafa, desbaratamiento de derechos acordados y usurpación", ante la fiscal María Emilia Ganem. Los abogados ya habrían requerido imputaciones para los cordobeses y santafesinos. La Justicia tiene la última palabra.

Escritura en disputa

y un crimen de ¿sicarios?

La propiedad del campo

sería disputada hoy por el

santiagueño y los cordobeses.

Ninguno tendría la escritura

de las 1.000 hectáreas.

Es decir, aún no habría

un nuevo dueño.

Sí se sabe que el ganadero

santiagueño habría

planteado una medida de no

innovar ante el Registro de

la Propiedad Inmueble.

Con ello, los abogados

tácitamente exhortaron a

las autoridades no escriturar

nada porque la propiedad

está en pugna y la otra

parte también alega el mismo

derecho.

La batalla se torna más

que imprevisible, porque el

grupo cordobés es el que

trabaja hoy las 1.000 hectáreas

con producciones de

algodón y soja.

Ante la Justicia añatuyense,

ambas partes nutrirán

la incipiente investigación

con documentos simil

a res, alegando ser los

“dueños, o al menos habérseles

ofrecido la venta y

haber pagado en tal concepto.

Crimen, en espera

Mientras tanto, el crimen

del encargado aún no

registra detenciones. De la

víctima, apenas se sabe que

era oriunda de Buenos Aires,

donde trabajaba en talleres

de aviones. Vino a

Santiago del Estero en busca

de una vida en paz y lejos

del ruido de la “gran ciudad”.

Aún con recursos, en

Pinto vivía en notoria sencillez.

Las fuentes deslizaron

que quizá conocía al verdugo.

Por debajo, reconocen

que por el modus operandi,

el crimen conllevaría la impronta

del encargo a sicarios.