Complicada situación judicial de los 21 docentes truchos que denunció el Consejo de Educación

Veinticuatro horas después que el Consejo General de Educación denunciara a 21 presuntos docentes truchos, la Fiscalía se apresta a comandar la ofensiva con una batería de medidas: secuestro de legajos y otra documentación, múltiples oficios, posible intervención de Delitos Económicos, testimoniales e imputaciones.

Pese al hermetismo en que edifica la estrategia la fiscal érika Leguizamón, trascendió que asume que el factor ‘rapidez’ puede resultar trascendente, dado a la gravedad y magnitud de la presentación y que alerta a la Fiscalía sobre anomalías con personas que trabajaron o aspiraban a hacerlo en los departamentos, Capital, Banda, Copo, Moreno, Pellegrini y Alberdi.

Los acusados

Concretamente, la denuncia fue formalizada en contra de Mirta Pérez Rodríguez, Noemí Guerrero, María Elena Montarce, Mariela Arias, Analía Vargas, Yésica Amengual, Emanuel Luna, Hugo González, Rodrigo Carabajal, Gonzalo Saavedra, Antonia Rea, Ivana Serrano, Haydee Atía, Oscar Rodríguez, Andrea Roldán, Delia Azucena Moreno, Laura Salazar, Christian Sayago, Romina Sayago, Javier Alejandro Rodríguez y Daniela Fernanda Luna.

Las presentaciones colectivas indican que el grupo habría cumplido tareas, pese a presentar títulos truchos, en los diferentes niveles del Sistema Educativo Público Provincial.

Por ello, el Consejo los acusó de incurrir en ‘usurpación de título, falsificación de documentación pública, defraudación y cobro indebido de haberes’.

Reacción fiscal

Ahora, la Fiscalía solicitarí u ordenaría el secuestro de documentos y legajos desde el Consejo.

Para la causa, todo arrancaría con acreditar la existencia del delito.

Luego, se citaría a los jefes de las áreas en pugna, ya que no todo se limitaría en el que cometió el delito.

Al parecer, la investigación abarcaría en el delinquió como en el “colaborador” que le facilitó o proveyó los medios para que burlara los “filtros” del Estado, desempeñara funciones educativas y percibiera pagos en forma irregular.

Sospechan de una banda con grandes ramificaciones

El “trabajo” de los falsificadores es lo que asombraría a los investigadores, cuyas identidades procuraría develar la Fiscalía.

Según los voceros, la Fiscalía coordinaría varios frentes: tras los 21 acusados y, por otro lado, en busca de los individuos que proveyeron la tecnología para que se consumaran las falsificaciones.

Para el organismo denunciante, los docentes no obtuvieron títulos ni certificados truchos de la nada.

Alguien se los facilitó y los investigadores intuyen que respaldados con mucha experiencia y fluidos contactos en el ámbito educativo.

Las testimoniales

Un funcionario adelantó que dentro del abanico de medidas por venir, la Fiscalía proyectaría citar a todos los jefes de las áreas por las que pasaron los documentos.

El interrogante general es cómo o por qué no se habrían activado los “filtros” y desbaratado las maniobras.

Muy por debajo, emergerían sospechas de complicidades y la Fiscalía ambiciona dar con todos los eslabones en la supuesta larga cadena de favores ilegales.

Mientras tanto, los policías ya ensayan prioridades y antes del fin de semana partirían oficios hacia los distritos incluidos en las “incursiones” de los 21 docentes truchos.

Con posibles imputaciones mediante, la última instancia llegaría con un proceso en que la Provincia requeriría la devolución de los dineros mal habidos.