Uno de los estacioneros dio su versión por los "sobreprecios"

Dos de los imputados por la presunta defraudación al Estado provincial con la facturación de "sobreprecios" en combustibles, fueron indagados por la fiscal del caso. Uno de ellos contó su versión de los hechos y continuará la próxima semana, mientras que el restante optó por el silencio.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia investiga una supuesta maniobra fraudulenta a través de la cual propietarios de estaciones de servicio y algunos ex funcionarios habrían pergeñado un millonario desfalco a las arcas de la provincia.

El proceso se inició a partir de una auditoría ordenada por el ministro Atilio Chara y que fuera realizada en el área del Fondo único de Combustibles, dependiente de Contaduría General de la Provincia.

El informe reveló que se cobraban montos mayores a los que figuraban en los surtidores e involucró a más de 30 estaciones de servicios de toda la provincia.

El caso recayó en manos de la fiscal érika Leguizamón, la cual habría imputado al ex contador general de la provincia, Aldo Basbús, como "jefe de asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público y defraudación calificada en perjuicio del Estado provincial".

Ayer, la fiscal tomó declaración de imputado a Basbús, el cual asistido por su abogado, Dr. Gustavo Jorge, se abstuvo de declarar. El letrado explicó en diálogo con EL LIBERAL que la defensa quería conocer y analizar las pruebas de cargo antes de ampliar su declaración.

Por su parte, también se tomó declaración indagatoria a Tomás Abdala, dueño de una estación de servicios, el cual asistido por su abogado defensor, Dr. Hugo Frola, brindó su versión.

Abdala habría manifestado que cuando fue presidente de la Cámara de Expendedores, se creó un grupo de WhatsApp con alrededor de 40 estacioneros, donde se discutían temas institucionales y propios de la actividad.

Sobre los supuestos "sobreprecios", Abdala habría manifestado que en realidad se fijaba un precio "diferencial" al Estado provincial, ya que los pagos se acordaban concretarse en 30 o 60 días, y ellos debían contemplar eventuales desfases de la economía.

Las fuentes apuntaron que por cuestiones técnicas, la declaración del imputado -miembro de asociación ilícita y defraudación calificada en perjuicio del Estado provincial- se vio interrumpida y continuaría la próxima semana.

Fuentes ligadas al caso confiaron que en los próximos días citarían a otros implicados y no descartan nuevas imputaciones.