Prorrogan detención del ingeniero y sospechan que se trataría de una asociación ilícita

La Justicia avanza a paso firme en la causa que se investiga una millonaria estafa con tierras. Ayer, luego de más de cuatro horas de debate, el juez de Control y Garantías, Dr. Carlos Ordóñez Ducca, ordenó prorrogar la detención del ingeniero, acusado de amenazas calificadas, estafa procesal y falsedad ideológica.

Tal como lo había adelantado EL LIBERAL la representante del Ministerio Público, Dra. Melisa Deroy, la fiscalía solicitó que el acusado -identificado como Carlos águila -continúe tras las rejas hasta tanto avance la investigación que inició a principios del corriente año.

Según sostuvo la letrada aún restan incorporar evidencias a la causa y los peligros procesales que todavía rigen y que el imputado en libertad podría entorpecer el avance de la investigación.

La Dra. Deroy sostuvo que resta someter al acusado a pericias psicológicas.

Además indicó que falta tomar declaración a los coimputados en la causa por amenazas calificadas, que serían los sujetos que fueron contratados por águila para realizar trabajos en los campos, y por orden de éste habrían amenazado de muerte a las víctimas.

Nuevas imputaciones

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que además de los tres legajos que fueron acumulados por la conexidad del delito, existen otras tres imputaciones en contra del ingeniero lo que agravaría su situación.

Sobre la participación del acusado en la causa, la fiscal sostuvo que águila habría sido quien confeccionaba los planos de los terrenos, los cuales más tarde habrían sido utilizados por Ricardo Barea -principal imputado en la causa- para iniciar las acciones de prescripción.

Los planos utilizados eran la base de la estafa procesal, en connivencia presunta con el acusado, los cuales quedaron demostrados en la documentación que obtuvo la fiscalía. Además remarcó que todos los planos que están siendo investigados habrían sido firmados por águila, tal como lo había adelantado EL LIBERAL.

Por su parte la defensa del acusado, Dr. Aristóbulo Barrionuevo, solicitó el sobreseimiento de su cliente, la nulidad de las pruebas, el archivo de la causa, la excarcelación ordinaria y la extraordinaria, entendiendo que su cliente no tendría nada que ver con los hechos que se le atribuyen.

La fiscalía -al igual que el abogado querellante, Dr. Rubén Jozami Nassif- se opuso a todos los pedidos y con mayor énfasis a la excarcelación extraordinaria, entendiendo que en la acumulación de los legajos planteados por la fiscalía, la pena que podría caberle a águila sería de los 5 a los 35 años de cárcel, por lo que la excarcelación no es procedente.

Al finalizar, la representante del Ministerio Público sostuvo que las averiguaciones continúan y que no descartan más imputaciones ya que a través de la investigación se sospecha que habría otros profesionales involucrados en la maniobra y que se trataría de una asociación ilícita.

Una vez finalizado el relato de las partes, el magistrado rechazó todos los planteos de la defensa y ordenó la prórroga de la detención por 15 días, entendiendo que se trata de una investigación compleja y aún se encuentran en una etapa incipiente.