"Estamos ante una administración infiel", dijo la fiscal y pidió la preventiva de Bau

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Juan José Bau, ex titular del Colegio de Escribanos, endilgándole directa responsabilidad con la desaparición de $ 5.000.000 de la receptoria de rentas provinciales que opera en dicha institución.

Ello fue subrayado por la fiscal érika Leguizamón, tras sortearse un grave escollo: antes de abrirse el fuego dialéctico, la defensa de Bau recusó a la jueza de Control y Garantías, Sara Harón, quien se opuso, pero las normas disponen el inmediato sorteo de una magistrada reemplazante que recayó en su par, María Pía Danielsen. Igual sobrevino un incidente en el que terciará la Cámara de Apelaciones.

Fundamentos

Al desandar la historia, la fiscal afirmó que Bau y el ex administrador, Luis Vaca Japaze serían los autores de redireccionar ilegalmente la millonaria cifra.

"Estamos frente a una causa compleja y conexa", dijo, y enumeró delitos como "defraudación, administacion fraudulenta", y hasta citó la existencia "de una adminstración infiel".

Ahondó Leguizamón: "Los testigos los acusaron de llamar traidores a los empleados que proporcionaban información".

"Manejo cerrado"

También juzgó que realizaban "un manejo cerrado de la economía del Colegio" y la génesis era "el amedrentamiento a los trabajadores y el ocultamiento de documentacion".

Para la fiscal, "la única perjudicada resultó la Provincia, al edificarse tamaña defraudación con el paso de los años".

La funcionaria dejó en claro que desde el inicio del proceso, "se ha pretendido evadir la Administración de Justicia, persiguiéndose a escribanos, empleados y todo testigo con memoria".

Puntillosa, detallista y precisa, Leguizamón responsabilizó a los dos ex funcionarios de orquestar el "afer" de $ 5.000.000.

En tal sentido, pidió a la jueza "convertir la detención en prisión preventiva de Bau, ya que existe riesgo procesal de que vaya a intentar influenciar en testigos", destacó.

A su turno, los abogados defensores Miguel Torres y César Barrojo se opusieron al requerimiento de la fiscal y, en su lugar, se jugaron por la excarcelación.

Fundamentaron su posición en la naturaleza del delito (excarcelable) y en el tiempo (más de un mes) que lleva privado de la libertad. Finalmente, la magistrada difirió su resolución que sería ventilada durante la Feria Judicial.