Estudiante con "dislexia cognitiva" denunció discriminación educativa ante el Inadi

Profesionales del Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi), Buenos Aires, terciarán en un conflicto que protagonizan una estudiante de la carrera "Trabajo Social", víctima de una patología denominada "Dislexia cognitiva" y un establecimiento educativo privado, según la denuncia, reticente en ajustarle o adaptarle los contenidos y modalidades de exámenes.

El planteo, denuncia, fue realizado por la abogada Soledad Schejtman, en el Inadi local, en representación de la alumna Nancy Raquel Andrade, de 42 años, quien desaprobó cinco veces la materia "Trabajo social y problemática familiar contemporánea".

La dislexia es la dificultad de aprendizaje que afecta la lectoescritura, es de carácter específico y persistente. Se da en personas que no presentan ninguna discapacidad física, motriz, visual o de cualquier otro tipo. Sus víctimas tienen un desarrollo cognitivo normal o alto.

En términos más técnicos, en psicología y psiquiatría se define la dislexia como una discrepancia entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de una persona, sin que exista cualquier tipo de problema, ya sea sensorial, físico, motor o deficiencia educativa.

La antesala del conflicto data de mayo del 2015. Andrade habría informado a las autoridades del establecimiento sobre sus capacidades especiales, tras ser diagnosticada por el neurocirujano Luis Milet; más otros expertos.

En noviembre fue desaprobada en la materia "Trabajo social y sus problemáticas contemporáneas". Al carecer de respuestas tendientes a ayudarla a superar esa valla, en marzo se interpuso la denuncia ante el Inadi.

La flamante Ley 27.306 establece, en su espíritu, modificaciones educativas. Esta adaptación no significa generar ventajas ante el resto de los compañeros, sino adecuar al caso concreto, teniendo en cuenta las dificultades de cada uno".

Haciéndose eco del problema, hoy los compañeros harían actos de concientización. "Mi cliente tiene dificultades en el habla y en el aprendizaje. La Ley de Dislexia Cognitiva obliga a las instituciones a adaptar los contenidos y modalidades de examen a los adultos niños que tienen ese trastorno. El tema es que a mi representada jamás le adaptaron nada; por el contrario, le toman exámenes igual que al resto y la torturan con preguntas. Y eso genera una humillación ante sus propios compañeros", explicó la abogada.

Extraoficialmente, se supo que la única salida que se le habría sugerido es que si la alumna no puede hablar, la única alternativa, plan B, es cambiar de establecimiento. "Si bien otro centro educativo cuenta con todos los recursos y sería el lugar ideal para que ella estudie, no le reconoce las materias cursadas. Lo cual significa que tendría que empezar de cero", enfatizó Schejtman.