"Había una manifiesta incompetencia", juzgó Argibay sobre la conducta de los tres jueces que debieron renunciar "Había una manifiesta incompetencia", juzgó Argibay sobre la conducta de los tres jueces que debieron renunciar
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó -tal como lo adelantó EL LIBERAL- la renuncia de los tres jueces del Crimen sobre quienes pesaba la decisión de abrirles juicio político por mal desempeño y desconocimiento de Derecho en una denuncia formulada por LV7 de Tucumán contra el Secretario de Prensa de aquella provincia.
El presidente del alto cuerpo, Dr. Sebastián Argibay, manifestó: ‘Había una manifiesta incompetencia’, refiriéndose a la actuación de éstos en el proceso, por el cual dictaron millonarias medidas cautelares que embargaron fondos de la coparticipación federal del Gobierno de Tucumán.
En diálogo con EL LIBERAL, Argibay confirmó: ‘El sábado presentaron la renuncia los tres jueces (ante el STJ) sometidos a jury de enjuiciamiento. Acabamos de aceptarlas. Por ende, se ha interrumpido el proceso y ha culminado la actuación del Consejo de la Magistratura’.
-¿Los funcionarios eran competentes para entender en el litigio?
-‘Le respondería desde otra perspectiva. Ignoro cuál es el móvil que lleva a una persona a renunciar’. Sin embargo, clarificó: ‘Sí le pudo asegurar que la formulación de cargos del Consejo de la Magistratura era una decisión muy bien fundada. Su cimiento o eje argumentativo se divide en tres aspectos bien delineados’, ahondó Argibay.
‘Sosteníamos que había una manifiesta incompetencia, por tratarse de una (denuncia del titular de una) radio no santiagueña; y que funciona en la provincia de Tucumán. También, dado a que se trataba de una Ley de Radiodifusión de competencia Federal. Y por tratarse de vinculaciones de pautas publicitarias entre el gobierno de Tucumán y aquella radio. Ello supone una relación de Derecho Público, ajena a la Justicia local’, detalló el titular del STJ.
El quid de cautelares
‘Otro eje, estaba dado por las medidas cautelares; éstas no tenían proporción con el fin del proceso penal’, interpretó.
Explicó: ‘El fin teórico es aplicar una sanción, ejercer el poder punitivo del Estado. Sin embargo, las medidas cautelares embargaban dinero de la coparticipación de Tucumán’, especificó el funcionario judicial.
