La perpetua a Gabriel Iñíguez desató la furia y tribunales fue un escánda

Ni bien el tribunal selló la suerte de Marcelo Gabriel Iñíguez, condenándolo a prisión perpetua, el recinto fue escenario de un escándalo con dos familias enfrentadas por pasiones diametralmente opuestas: el luto de los Córdoba y el dolor por la condena a perpetua de los Iñíguez.

A las 12.50, el tribunal envió a Gabriel Iñíguez a Alsina 850: lo halló culpable de ‘Homicidio agravado por ensañamiento’ en perjuicio de Johana Elizabeth Córdoba, a quien mató el 24 de enero del 2012 en la ruta 13, entre La Florida y Beltrán.

Para los jueces Alfredo Pérez Gallardo, Osvaldo Pérez Robertti, y Margarita Piazza de Montoto, el joven le provocó un sufrimiento innecesario a la madre de su hija de dos años, echando por tierra la teoría de un ‘trastorno mental transitorio incompleto’; hipótesis planteada por los médicos forenses.

Del fallo, se desprende que aquella mañana, Iñíguez hirió a la víctima con un destornillador. Jamás se esclareció si lo llevaba en el pantalón, o en su motocicleta.

En la indagatoria, él señaló que lo tenía en la moto, ya que ésta sufría múltiples desperfectos. Si se hubiere acreditado que lo sacó deliberadamente del vehículo, peor hubiera sido para el ahora condenado.

Siempre en función a la investigación ayer finalizada, la primera de las heridas habría ido directo a la frente; otra en el brazo; una tercera al hombro; pulmón; corazón. En total han sido 11, contabilizó el forense.

Desde esa lógica penal, los jueces entendieron que con antelación al homicidio, Iñíguez tenía pensado hacerle daño a Johana.

La familia Noriega declaró en el debate que meses previos a enero, habían salvado a Johana de una paliza; sostuvo que llegó desesperada a la casa y que sus propietarios expulsaron a Iñíguez.

También los vocales descartaron la ‘emoción violenta’, atenuante expuesto por el defensor Diego Lindow, ya que antes del crimen Iñíguez habría sido informado, o conocía el rumor, de que Johana no estaba sola.