Desmienten irregularidades en el área de discapacidad: "No hay retraso, ni recorte, ni ajuste"

La Superintendencia de Salud, a cargo de Daniel López, tomó la palabra con respecto a las versiones que indican ajustes en discapacidad y atrasos en los pagos a los prestadores.

"En relación a los discursos y trascendidos mediáticos, en lo que respecta a las partidas nacionales para las obras sociales que van dirigidas a los prestadores que atienden a personas con discapacidad, desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación se comunica que no existe ningún recorte presupuestario ni tampoco decisión de ajuste alguno por parte del gobierno nacional", dijo López al respecto.

"Para esta administración es de suma importancia hacer llegar la voz oficial, y por sobre todo la tranquilidad a todas las personas con discapacidad y a sus familiares, como así también a todos los prestadores de que no hay ni va a haber decisión política que vaya en detrimento de sus derechos", añadió.

En ese sentido, remarcó que "La determinación del gobierno nacional ha sido siempre en favor de acompañar a las personas con discapacidad. Es por ello que, desde el 2019 a la fecha se aumentó en un 320% el valor de las prestaciones".

En la misma línea, dijo que "Es pertinente informar que mensualmente se destinan $ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), a 93 mil beneficiarios con discapacidad, para el pago de dichas prestaciones. Estas erogaciones son financiadas a través del Fondo Solidario que se nutre de los aportes y contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras (Ley 23.661), y que se encuentra fuera del presupuesto nacional, exento de ajustes o modificaciones y sujeto a la recaudación a cargo de la AFIP, protegido por ley".

El titular de la Superintendencia agregó que en relación a los períodos 2020, 2021 y 2022, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, como organismo de control, validó 60.000 facturas mensuales de 45.000 prestadores. Esto implica un total de 1.900.000 facturas, de las cuales solamente 3.000 fueron reclamadas por los prestadores, lo que equivale al 0,15% del total".

"Por último, es necesario aclarar que este organismo regula a las Obras Sociales nacionales y prepagas. Se encuentran excluidas de nuestra órbita las obras sociales provinciales, de los poderes judiciales y legislativos, como así también de las Fuerzas Armadas y Universidades Nacionales", sentenció.