El Gobierno pide "responsabilidad institucional" en relación al acuerdo con el FMI

El Gobierno nacional pidió a los legisladores que actúen con "responsabilidad institucional" al momento de tratar el proyecto de ley por el nuevo entendimiento firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ingresó hoy a la Cámara de Diputados y comenzará a ser debatido el lunes en comisión.

"Apelando a la responsabilidad institucional de cada uno y cada una de los diputados y las diputadas, de los senadores y las senadoras, se solicita el tratamiento urgente de este proyecto de Ley por el cual se aprueba el Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la República Argentina y el FMI", dice el mensaje que acompaña al proyecto de ley que esta tarde se envió al Congreso.

En el documento de seis páginas, firmado por el presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur y del ministro de Economía, Martín Guzmán, se sostiene que "se han tomado las mejores opciones disponibles dentro de las limitadas herramientas previstas en el portafolio de programas del FMI, de modo que se evite que la Argentina incurra en atrasos con el organismo, lo que generaría un daño inconmensurable a la recuperación del país post crisis económica y en el marco de la pandemia".

Además, se reitera un mensaje político que el propio Fernández anunció durante la pasada Asamblea Legislativa del 1 de marzo y que motivó la retirada de la bancada del PRO del recinto: la aprobación del nuevo programa "de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas" para investigar la posible comisión de delitos durante el proceso de endeudamiento encarado por el Gobierno de Mauricio Macri con el FMI en 2018.

Esa investigación está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien ayer dispuso una batería de medidas de prueba tendientes a identificar a los principales operadores del mercado de divisas al momento de la acreditación del empréstito adquirido con el FMI durante el gobierno de Macri, informaron fuentes judiciales.

Por otra parte, el documento enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso detalla cuál era la situación financiera a la hora del acuerdo Stand-By de 2018, cuales fueron sus motivaciones y consecuencias, al tiempo que se destacan los puntos salientes del nuevo Programa de Facilidades Extendidas.

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Por ejemplo, se afirma que en mayo de 2018 se vivió el "colapso del modelo económico" implementado a partir de diciembre de 2015 y que, ante ese escenario, la administración anterior decidió acudir al FMI para conseguir "un préstamo récord -en cuanto al monto- en la historia de esa Institución".

Aquel acuerdo Stand-By suponía un desembolso de U$S 57.000.000.000 de los que efectivamente se transfirieron 44.500.000.000 atados a "un programa de políticas, plazos y montos de repago de características insostenibles e insustentables" para un país como Argentina.

Eso supuso que se "dispare" la ratio de deuda pública-PIB, "la cual pasó del 52,6 % en el año 2015 al 88,8 % a finales de 2019.

Asimismo, se recuerda que, según el propio FMI en su evaluación posterior, "esos fondos se utilizaron principalmente para financiar la formación de activos externos y para cancelar deuda de los acreedores privados en moneda extranjera que estaba en situación de insostenibilidad".

También se señala que aquella decisión tomada por Mauricio Macri fue sin la discusión del Congreso Nacional.

Como contrapartida, el Gobierno de Fernández sostiene que a partir del 10 de diciembre de 2019, se emprendió "la difícil tarea de mejorar el presente tan duro que la Nación enfrentaba y, a partir de allí, sembrar condiciones para construir el futuro".

"En un contexto de absoluto respeto del marco constitucional, legal y económico, se realizó un trabajo de negociaciones internacionales de elevada complejidad tendientes a alcanzar un entendimiento para un nuevo programa con el FMI; un Programa de Facilidades Extendidas, que contiene dos bloques principales: por una parte, el esquema de políticas macroeconómicas y, por la otra, las medidas de crecimiento de mediano plazo y de estabilidad duradera", señala.

Acto seguido, el mensajes afirma que "fiel al compromiso público asumido" se prevé "un sendero de convergencia que no inhibe la continuidad de la recuperación, con una expansión moderada del gasto real, y donde el Estado tendrá un rol clave, definiendo las prioridades centrales, que serán los pilares de inclusión social, desarrollo de la ciencia y la tecnología y la inversión en infraestructura".

En ese mismo sentido, se señala que "el sendero de reducción gradual del déficit fiscal primario será de 2,5% del PBI en 2022; 1,9 para el 2023; y 0,9 para el 2024.

Destaca además que se acuerda una "reducción gradual y persistente de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro Nacional" y "una estructura de tasas de interés reales para los instrumentos de referencia de la política económica que redunde en valores positivos, de modo de fortalecer la demanda de activos" en pesos.

"Desde el punto de vista estructural, el acuerdo nos permite garantizar la continuidad de los programas sociales focalizados y el mantenimiento de los derechos de movilidad previsional de nuestros jubilados y nuestras jubiladas, así como los derechos de las trabajadoras y los trabajadores", se apuntó.

Es hacia el final dónde se aclara que se han tomado "las mejores opciones disponibles" dentro de las "limitadas herramientas" previstas en el portafolio de programas del FMI, de modo de evitar un default que generaría un daño "inconmensurable a la recuperación del país".