Remataron camionetas que corrían picadas en la 9 de Julio

El 23 de abril de 2017 se dio a conocer de manera viral el video donde dos conductores corrían una picada cuadriplicando la velocidad permitida, que es de 60 km/h, en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Luego de que el hecho de imprudencia fuera identificado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) efectuó una denuncia penal a raíz de la cual se realizó una investigación que tuvo como consecuencia, por el momento, la sentencia y remate de las camionetas involucradas. Además, se les ordenó aprobar un curso de reeducación vial, realizar tareas comunitarias y difundir campañas de seguridad vial a través de sus redes sociales.

Un año después, el pasado martes 29 de mayo, los autos de Alejandro Radetic y Alejandro Biscardi fueron rematados y el dinero obtenido por su venta fue donado al Hospital Piñero de Flores. El valor final cerró en $1.050.000 y será destinado a la compra de tres respiradores artificiales.

“Luego de la denuncia penal por el delito de picadas ilegales, la justicia actuó tomando medidas ejemplificadoras en el tema y que, esperamos, marquen un precedente. Se están pagando las consecuencias de lo que podría haber sido una tragedia. Esperamos que este hecho colabore a una mayor conciencia de la importancia de la prudencia al volante y del respeto de las normas de tránsito, que están hechas nada más y nada menos que para salvar vidas.” expresó Carlos Pérez, Director Ejecutivo de la ANSV.

¿Cómo fue el proceso de la causa?

El fiscal Viña inició la causa de oficio, después de que se viralizara un video compartido en las redes sociales por los propios protagonistas. En el mismo, se los veía corriendo a una velocidad cuatro veces mayor a la permitida en la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires, que tiene un máximo de 60 km/h.

En consecuencia, la Fiscalía los acusó de conducción riesgosa en concurso real con daño agravado y pidió un juicio abreviado. Solo 45 días después de la picada, ocurrida el 23 de abril de 2017, Radetic y Biscardi fueron condenados a un año de prisión en suspenso, dos de inhabilitación para conducir y el decomiso de sus respectivas camionetas, además de las tareas comunitarias y de reeducación vial asignadas.

“Estamos convencidos que este hecho debe ser un caso ejemplificador”, concluyó Carlos Pérez.