Juicio oral para Ricardo Jaime por la compra de trenes a España y Portugal

El juez Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa contra el ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, por la compra de trenes sin utilidad a España y Portugal. El caso, investiga los posibles delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y cohecho.

La medida dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, también alcanzó a Manuel Vázquez, presunto testaferro del ex funcionario, que se encuentra bajo prisión preventiva pero con arresto domiciliario; a Ricardo Testuri, por entonces inspector de la subgerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT; y también a Ignacio Soba Rojo, consultor y presunto testaferro, según dio a conocer hoy el Centro de Información Judicial (CIJ).

El juez Ercolini resolvió: "No hacer lugar al sobreseimiento instado por el Dr. Marutian, respecto de su ahijado procesal Ricardo Raúl Jaime, y en consecuencia, clausurar la instrucción y elevar a juicio parcialmente la presente causa nro. 5406/13 respecto de Ricardo Raúl Jaime, de las condiciones personales obrantes en autos, en orden a los delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública en concurso ideal con el delito de cohecho, ambos en calidad de autor".

El primer proceso oral en contra de Ricardo Jaime, fue el que debió enfrentar por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero del 2012, que causó la muerte a 51 personas y una por nacer, y más de 700 heridos.

En tanto, existe otro expediente en su contra ya elevado a juicio oral y público, que corresponde a su presunto enriquecimiento ilícito, por el que se encuentra también procesado por resolución del juez federal Sebastián Casanello.

El de ahora, resulta ser el tercer juicio oral y público que deberá afrontar el ex secretario de Transporte, quien permanece tras las rejas en el penal de Ezeiza desde el 2 de abril del año pasado.

Por la tragedia de Once, al término del juicio oral y público, Jaime fue condenado a seis años de prisión, una pena unificada con condenas confirmadas que ya pesaban en su contra. Una de ellas, el intento de robo de pruebas de un procedimiento judicial y otra por un confesado pedido de coimas.

Cabe la pena recordar que la operación de compra de trenes, se pactó en algo más de 200 millones de euros. En total, se pagaron cerca de 100 millones, y hubo coimas comprobadas por 2 millones de euros. Por ese entonces, Jaime autorizó por nota que la empresa consultora de su testaferro Vázquez, cobrara comisiones por intermediar en una operación entre Estados (algo totalmente inusual). Además, en esa carta dirigida a la empresa estatal española que vendió los trenes, Jaime decía que el costo de las comisiones-coimas lo iba a pagar la Argentina.

Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN), en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171%, no se controló lo que adquirieron, y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento y está arrumbado en depósitos ferroviarios.