“La desfederalización del narcomenudeo logró el acercamiento de los vecinos a la investigación”

Por María Pía Danielsen, Jueza de Control y Garantías en lo Penal.

A partir de septiembre de 2018 la Justicia de Santiago del Estero, conforme Ley Provincial N° 7252 de adhesión a la Ley Nacional N° 26.052 modificatoria de la Ley 23.737, resulta competente para intervenir en los casos de tráfico de estupefacientes en pequeña escala, es decir permite la persecución de los delitos de tráfico ilegal de estupefacientes, sustancialmente en la modalidad comercio al menudeo, tenencia simple y para consumo personal. Se habla acerca de la “desfederalización” del narcomenudeo porque hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 26.052, la persecución de los delito por infracción a la ley de estupefacientes en todo el país, estaba a cargo de las autoridades nacionales (organismos de seguridad federal y de la Justicia Federal).

Las razones que se esgrimen como fundamento positivo para la intervención de la jurisdicción provincial en el último eslabón del tráfico de estupefacientes son varias, entre ellas: el evidente incremento del comercio ilegal de sustancias prohibidas en la modalidad menudeo, la obvia inmediatez con la que puede actuar la Justicia local y los organismos de seguridad provincial que cuentan con los recursos y el conocimiento del territorio, la posibilidad de obtener una investigación y persecución de los delitos previstos en la ley de estupefacientes de una manera más ágil mediante el empleo del sistema procesal penal acusatorio provincial, la circunstancia no menor de dejar los graves problemas del narcotráfico a gran escala en manos de la Justicia Federal, la obtención a nivel provincial de los datos estadísticos para la prevención y puesta en marcha de procedimientos eficaces, así como también las políticas públicas a desarrollar para la rehabilitación del adicto.

Habiendo transcurrido un año de la implementación de la norma en la provincia, resulta oportuno hacer visibles algunos aspectos que la problemática conlleva. En el aspecto social, la instalación de la violencia a partir de la droga. Como consecuencia de la apertura de varias bocas de expendio de sustancias ilícitas en determinadas zonas se genera la lucha por el territorio, la tenencia ilegítima de armas de fuego por parte de los dealers, el hurto o robo que tiene como causa la necesidad del consumo de sustancias prohibidas, la tergiversación de algunas familias que se dedican en su totalidad, aun los menores de edad, a la venta de estupefacientes al menudeo. En especial, se observa una especial situación que afecta a los jóvenes que han salido o nunca ingresaron en el sistema educativo y en el mercado laboral, es decir, aquellos que no estudian y que no se encuentran trabajando. Los mismos resultan blancos fáciles para ser captados como vendedores de estupefacientes y a la vez, resultan ser consumidores de la droga que revenden. En este sentido, a través de organismos oficiales de la provincia como la Digaia e instituciones como el Crease y la Fundación Piedras Vivas, entre otras, se trabaja en Santiago del Estero a los fines de promover la construcción de dispositivos de apoyo y contención para los jóvenes que han tenido una salida temprana del sistema educativo y de manera particular a aquellos que se encuentran en situación de consumos problemáticos en espacios segregados y con alta concentración de vulnerabilidad social.

La desfederalización ha conseguido de manera notoria el acercamiento de los vecinos a la investigación, ya sea presentándose voluntariamente ante las fiscalías especializadas para incoar denuncias, así como también brindar un caudal importante de información sobre los lugares en los barrios donde los vecinos observan la venta ilegal de la droga o bien utilizando el canal de la denuncia anónima que prevé la normativa, mecanismos que no siempre eran utilizados cuando la aplicación de la ley correspondía únicamente al fuero federal.

A lo largo del año de la competencia provincial en narcomenudeo, se pueden señalar algunos datos estadísticos provistos por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) jurisdicción Capital que comprende el período septiembre 2018 a septiembre 2019. La competencia provincial en casos de narcomenudeo marcó una ampliación en la injerencia temática para el fuero Penal de la Justicia santiagueña, siendo los casos de narcomenudeo un aproximado de 22% del total de audiencias orales que se realizan por ante jueces de Control y Garantías. Es de hacer notar que se tramitaron 1183 requerimientos o solicitudes de las partes exclusivamente referidos a narcomenudeo. Ello resulta ser un 35% del total de las solicitudes de tramitación de causas. La cantidad de imputados que concurrieron a audiencias ante jueces de Control y Garantías por narcomenudeo en el período señalado resultan aproximadamente 448. Mención aparte resultan los numerosos juicios abreviados llevados a cabo en esta temática, contándose a la fecha condenados con sentencia firme.

Cabe recordar que en abril de 2019 se sanciona la Ley Nacional N° 27502, que en su Art. 2° modifica el artículo 34 ter de la ley 23.737, dejando establecido: “Créase en cada jurisdicción que haya ejercido la opción a la que refiere el artículo 34 de la presente ley, una mesa de intercambio de información que está integrada por los jueces federales, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, los fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los jueces provinciales, que tengan a su cargo las investigaciones por infracción a la ley 23.737 y sus modificatorias y por los representantes de la Procuraduría de Narcocriminalidad. En dicho ámbito se intercambiarán criterios de política criminal en torno a las investigaciones y se compartirá toda la información relacionada con las causas e investigaciones en curso”.

Lo que pretende esta modificación es que exista articulación entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial, conjuntamente con las fuerzas de seguridad provinciales y federales para que la prevención del delito sea efectiva. Asimismo, otro objetivo pretendido es que se intercambien criterios de política criminal en torno a las investigaciones y se comparta la información relacionada con las causas e investigaciones en curso en cada una de las jurisdicciones.

Del resultado obtenido al presente en el ámbito de la provincia, conforme surge de los datos aportados, la implementación de la desfederalización resulta ser una decisión acertada para incrementar los recursos y su eficacia en la persecución penal del denominado narcomenudeo, para visibilizar la problemática en la zona e implementar políticas públicas de prevención y rehabilitación de las adicciones.