Detuvieron a un cabo de policía por presuntas anomalías con los servicios adicionales

Un cabo de policía fue detenido en esta ciudad, como resultante de controles y auditorías que desnudaron anomalías con la prestación y cobro de servicios adicionales en la comuna capitalina y en un jardín de infantes.

Pese al hermetismo impuesto al caso, la causa es timoneada por la fiscal érika Leguizamón e investigada por efectivos de la División Delitos Económicos.

Estos detuvieron el 11 de marzo al cabo Jorge Humberto Leiva, de 37 años, con residencia en manzana 4, lote 7, del B° Mariano Moreno, según trascendió en esferas judiciales.

El comienzo

El prólogo de la historia habría surgido el 26 de febrero, merced a controles -con raigambre de auditorías- a cargo del personal de la División Seguridad Bancaria.

Los policías iniciaron múltiples controles de planillas de asistencia diaria correspondientes a adicionales, período enero del año 2020 en la comuna capitalina, se supo.

Así, los expertos habrían establecido que el 5 de enero pasado el cabo Jorge Humberto Leiva figuraba asignado a servicios adicionales en la casa central de la Municipalidad y, a la vez, en el Jardín de Infantes N° 1, ubicado en calles Ejército Argentino y Jujuy.

Hasta entonces, Leiva cumplía funciones (numerario) en el Destacamento Costanera Sur.

A simple vista, el mismo funcionario aparecía trabajando en forma paralela (simultánea), entre las 13 y 7 de la mañana del otro día, en los dos edificios capitalinos, ante la perplejidad de las autoridades.

“Defraudación”

Sobrevino una denuncia y el 11 de marzo Leiva fue detenido, previo ser imputado por presunta “defraudación calificada” y ya ha sido indagado, asistido por los abogados Alejandro Pahud y Nuria Kippes.

En la ocasión, el funcionario se abstuvo de declarar, pero previamente le fueron leídos los cargos con una acabada síntesis de las pruebas que obran en contra suya, a escasas dos semanas de haber estallado el escándalo.

Efectos multiplicadores

En virtud de tratarse de una ambiciosa investigación, los controles se redireccionarían hacia todos los funcionarios intervinientes, sobre la base de la escala de mando sobre la que se edifican los adicionales en toda la provincia.

A criterio de los expertos contables de la policía, habría resortes administrativos que no se activaron en tiempo y forma para detectar la irregularidad.

Allí depositaría ahora sus recursos la Fiscalía, resuelta en dar con las otras piezas y así establecer la real dimensión y forma del rompecabezas.

En ese objetivo inmediato estarían focalizados los investigadores, a quienes se habrían encomendado múltiples análisis y entrecruzamiento de documentos. Confían los policías que las definiciones, posibles desacoples matemáticos-laborales, surgirían por añadidura.

Un total de 17 “trabajos” objetados por los expertos

La Fiscalía endilgaría a Leiva 17 servicios adicionales irregulares, por un lado, y otros 8 no cumplidos, entre los dos edificios en pugna administrativa.

Globalmente, la Justicia reprocharía al funcionario el pedido de pagos irregular por casi $40.000, según lo documentarían las planillas bancarias sobre las cuales Leguizamón cimentaría las bases de la incipiente investigación.

En grado de “tentativa”

En tanto los defensores habrían señalado que los pagos más altos, hoy objetados, no habrían sido efectivizados y por ende el delito quedó en “grado de tentativa”.

Ahora requirieron su excarcelación, a través de la Mesa única online, tal cual emana de la acordada refrendada por las autoridades del Superior Tribunal de Justicia.

Las pruebas de la Fiscalía contra el imputado

Las pruebas que la Fiscalía obtuvo y ahora le quita el sueño a Leiva serían una planilla en que solicitaría el pago de adicionales, fechada el 26 de febrero pasado.

El 13 de febrero también se advirtió una solicitud remitida a una entidad bancaria.

También en las planillas remitidas por el municipio, correspondiente a diciembre del año pasado con los horarios en que Leiva figuraría realizando adicionales.

El equipo de la Fiscalía incluyó diversas planillas, actas, secuestros, allanamiento y requisa concretados el 11 de marzo, día de la detención, inclusive la entrega voluntaria de un libro contable a los policías.

Otros procedimientos

La investigación también prevé auditorías en otros organismos del Estado. El análisis fino habría sido encomendado a los expertos de la fuerza, con experiencia para advertir la diferencia entre negligencia, incompatibilidad horaria, una audacia individual y una maniobra que demandaría la intervención de dos o más personas.