La velocidad de la crisis

Por Rosendo Fraga. Analista político

Frente a la crisis "político-económica" que vive la Argentina se observa un sugestivo silencio de la Administración Trump, que hasta las PASO fue un firme apoyo explícito al Presidente argentino. Desde el 11 de agosto hasta hoy, no hubo ninguna manifestación del Presidente ni de sus principales funcionarios. Sólo el miércoles 28 de agosto, un vocero del departamento de Estado se limitó a decir: "Estados Unidos espera continuar nuestra sólida asociación con el pueblo argentino y su liderazgo electo, sea cual sea el candidato que el pueblo argentino elija como su próximo Presidente". Macri habría hablado con su colega estadounidense el sábado 1 de setiembre por la mañana.

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La misión del FMI se retiró de Argentina sin haber tomado resolución sobre el desembolso pendiente y frente a las medidas adoptadas entre el 28 de agosto y el 1 de setiembre, optó por la cautela. La cuestión es que el apoyo del mundo occidental a Macri tenía un objetivo preciso, como lo dijo Trump públicamente media docena de veces: "impedir el triunfo del Kirchnerismo en Argentina, porque ello implica el retorno del populismo a la región".

En oficinas de la Casa Rosada, se esperanzó con que la visita que realizó la Argentina la hija del Presidente estadounidense (Invanka) -en el marco de una gira regional- podría traer algún mensaje positivo. En cuanto a Brasil, el Vicepresidente -el general Mourao- que expresa el punto de vista del Ejército en el gobierno, se diferenció de Bolsonaro, diciendo que su país iba a seguir trabajando con Argentina cualquiera sea su gobierno. 

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La Argentina enfrenta así la dinámica de crisis que ya vivió en 1989 y 2001: una derrota electoral precipita una grave crisis económica, que deriva en el descontrol de la calle y este en una crisis de gobierno. La historia puede no repetirse, pero los líderes políticos -y la dirigencia civil en general- parecen no comprender la gravedad de la situación y la necesidad de articular soluciones políticas a ellas.

El adelantamiento electoral, no está permitido por la Constitución Nacional, que establece un plazo de 60 días previos a la finalización del mandato para realizar la elección presidencial. El Código Electoral -que es una ley- fijó en el último domingo de octubre la primera vuelta y en el último de noviembre la segunda. Aun modificando esta ley, el adelantamiento podría ser al 13 de octubre, sólo dos semanas antes de la fecha actual. Pero electo un nuevo Presidente, si podrían acortarse los 45 días posteriores hasta la finalización del mandato que es el 10 de diciembre.

Pero el punto central hoy es la velocidad de la crisis. En las tres semanas posteriores a las PASO, el riesgo país más que se triplicó, el dólar aumento un tercio de su valor y la salida de dólares superó los 13.000 millones. Ahora, faltan 55 días hasta la primera vuelta, exactamente la misma cantidad que transcurrió en 1989 entre la elección presidencial de Menem (14 de mayo) y el adelantamiento de la entrega del poder (9 de julio).

Mientras tanto el oficialismo a través de sus redes sociales ha comenzado a convocar a una marcha de apoyo a Macri, para defender la República, "amenazada" por el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández, para el sábado 19 de octubre, el fin de semana antes de la primera vuelta, en una actitud que muestra cierta desconexión con la realidad.

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Pese a intentos y gestiones que Macri y Fernández firmen un acuerdo como el de Brasil en 2002, no parece fácil y sus posibilidades van detrás de la velocidad de la crisis económica. Han comenzado en el Congreso conversaciones entre oficialismo y oposición, para lograr la aprobación del proyecto de ley para la reestructuración restringida de la deuda, pero no es fácil que lleguen a buen puerto; hay diálogo entre Vidal y Massa, pero éste parece limitarse a la provincia de Buenos Aires y no proyectarse al ámbito nacional y hay gestiones para que en España, Alberto Fernández se reúna con Felipe González, una de las figuras políticas de Ibero-América, más experimentadas en acuerdos, pactos y coaliciones.

La estrategia del oficialismo, apoyada desde el campo económico, ha sido culpar a las declaraciones de Alberto Fernández criticando al FMI, por la reacción negativa de los mercados de la semana pasada. El problema es que cuanto más se acusa al ganador de las PASO de generar temor, más se deteriora la economía y cuando ello sucede, más se complican las posibilidades electorales de Macri, hoy limitadas a reducir la distancia de 16 puntos con la que perdió las primarias. Se trata de la misma estrategia electoral que fracasó en las PASO, exacerbando el temor al regreso del Kirchnerismo. Por su parte Cristina retornó de Cuba y reinició su rol en la campaña, presentando su libro en La Plata, con un duro discurso contra Macri y su fracaso económico.

En cuanto a la situación social, los dos economistas más experimentados en crisis, con visiones ideológicas contra-puestas (Cavallo y Lavagna) han advertido sobre el riesgo de hiperinflación. La Pastoral Social del Episcopado y los pastores evangélicos, han advertido al gobierno sobre la necesidad de asistir a los sectores más vulnerables de la población, por la insuficiente alimentaria.

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Roberto Lavagna propuso públicamente que se declare la "emergencia alimentaria" que también reclaman los movimientos sociales y la CGT. El dólar paralelo que surge al establecerse el control de cambios -lo que reconoció Lacunza- aumentará la inflación y está el deterioro social. La inflación de agosto y setiembre, que se prevé alta por la devaluación, se incrementará aún más.

La semana pasada, tuvieron lugar dos movilizaciones importantes de los movimientos sociales (el miércoles 28 fueron los moderados y el viernes 30 los radicalizados) reclamando la "emergencia alimentaría". Esta semana se repetirán. La provincia de Chubut es una muestra de lo que sucede cuando el ejercicio del poder se debilita y el conflicto social se incrementa. Desde comienzos de agosto, estatales iniciaron un paro y cortaron numerosas rutas, incluso la nacional 3, rechazando el pago en cuotas de los salarios.

La justicia federal, pese al pedido del gobierno nacional y el provincial (El Gobernador Arcioni ha sido reelecto) no ordena desalojar las rutas nacionales tomadas. En consecuencia las fuerzas de seguridad federales no se despliegan y la policía provincial sólo está a la vera las vías cortadas. La semana pasada se sumaron los docentes, cortando los caminos de acceso a las empresas petrolíferas, impidiendo la producción de los mayores yacimientos en explotación del país. (Nueva Mayoría)