Miles de santiagueños se preocupan a diario por saber si van o no a circular los colectivos

El problema del transporte público de pasajeros mantiene en vilo a gran parte de la sociedad santiagueña, al igual que en muchas provincias del país, en medio de un traumático proceso de reestructuración a partir de la decisión del gobierno nacional, al inicio del año, de reducir o eliminar los subsidios que se destinaban a asegurar la ecuación económica para que funcione adecuadamente el sistema.

La Nación se cierra en que “cada provincia o ciudad es responsable de su sistema de colectivos”. Las provincias sostienen que los fondos no alcanzan y que no están en condiciones de subsidiar un millonario presupuesto, máxime cuando han caído los fondos coparticipables, debido a la recesión económica que reduce la recaudación tributaria a repartir entre los estados.

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El año pasado, el subsidio anual para el transporte público en todo el país, tenía un presupuesto de alrededor de $45 mil millones, de los cuales Santiago del Estero recibía solamente algo más de $ 1.000 millones para las líneas de transporte urbanas e interurbanas. Fundamentalmente para subsidiar el precio del boleto, acotando los costos empresariales de combustible, y los salarios.

Hasta hoy no se ha logrado acertar en el diseño de un sistema que asegure el transporte del ciudadano de a pie en el país. Ello conlleva un complicado equilibrio entre un precio del boleto que esté al alcance de las posibilidades del usuario, la rentabilidad de la empresa que opera el servicio público, la calidad de las unidades, adecuada frecuencia, un razonable salario, así como la incuestionable necesidad de las comunas de brindar un servicio imprescindible que hace a la calidad de vida de la población.

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Lo cierto es que nunca ha estado exento de conflictos entre las partes involucradas, cuando no sorprendido por paros sorpresivos. La decisión nacional de cortar los subsidios, empeoró todo el cuadro de situación.

La reestructuración del servicio público de transporte de pasajeros es inevitable, cuanto más se demore con este tipo de medidas que obstaculizan avanzar, más sufrirán todos los involucrados, en especial el usuario, justamente al cual se supone que se intenta beneficiar.