Piden inhibir bienes de involucrados en presunta estafa con combustibles

El fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, presentó ayer ante la Oficina de Gestión y Audiencias (OGA) de la Justicia, una medida cautelar en la que solicita con carácter de muy urgente la inhibición general de bienes inmuebles y muebles registrables de los expendedores de combustibles involucrados en la denuncia por el cobro de sobreprecios en la venta de esos productos al Estado provincial.

Como se recordará, una auditoría realizada por el Ministerio de Economía, determinó que en sólo 18 meses se había descubierto una presunta defraudación al Estado provincial por parte de 38 estaciones de servicio que cobraban un 20% más por cada litro de combustible, de acuerdo con el valor que mostraban los surtidores.

Esa auditoría fue elevada por Economía a la Oficina Anticorrupción y derivó en una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal.

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La solicitud realizada ayer por el fiscal Abate tiene por objetivo resguardar los intereses del Estado provincial. Ya había pedido constituirse como querellante particular y actor civil en el proceso de referencia y ahora solicitó que se disponga la inhibición general de bienes inmuebles y bienes registrables de propiedad de los expendedores que figuran en el listado de la auditoría que descubrió las presuntas irregularidades.

En su pedido, el Dr. Abate adjuntó el informe elevado en su momento por la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Economía. De allí surgiría que los montos que se cobraban al Estado eran superiores a los que figuraban en los surtidores.

Ahora, la OGA deberá designar un juez para que estudie la solicitud de Fiscalía de Estado y defina si hace lugar a la medida preventiva que tiene por meta, si se comprueba el ilícito y se imputa a los expendedores, recuperar los fondos que perdió la provincia.