La Nación quiere que quien tenga plan social, deba estudiar

El Gobierno Nacional prepara un cambio en el sistema de planes sociales en busca de que haya ‘una contraprestación por parte de cada beneficiario, pero que ahora se enfoque fundamentalmente en educación y capacitación’, según reveló el diario Clarín anoche. Significaría una quita en los fondos que anualmente reciben del Estado las organizaciones sociales. Además el plan dejará atrás el viejo sistema de control de planes por planillas. El plan del Gobierno contemplará la eliminación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen y la creación de uno nuevo, ‘Hacemos Futuro’, que involucrará a los beneficiarios nucleados en ambos, pero comprenderá la ‘Educación Formal Obligatoria’, por lo que los titulares de los planes deberán finalizar sus estudios primarios y secundarios. ‘A los fines de permanecer en el programa, los beneficiarios deberán acreditar que se han inscripto y se encuentran cursando la educación formal obligatoria’, establece uno de los lineamientos del plan. Además, los beneficiarios podrán profundizar su ‘Formación Integral’ y especializarse. El programa contempla cursos de formación formal, superior y/o profesional; y talleres formativos, brindados por organismos, incluso no gubernamentales, según los datos aportados por el diario porteño. ‘La idea es empoderar a las personas, garantizando en principio que concluyan sus estudios; y, luego, que se capaciten a través de cursos y prácticas para tener más chances de insertarse en el mercado laboral’, explicó una alta fuente citado por el matutino. Los involucrados podrán optar por cursos de formación en institutos primarios, secundarios y terciarios habilitados por el Ministerio de Educación. ‘Se va a invertir la carga de la prueba: en vez de que dependan de un puntero o de un jefe político que valide su asistencia en una planilla, podrán elegir de una larga lista de lugar dónde ir a formarse’. De todos modos, también se convalidarán los proyectos de centros que realicen prácticas, pero con alto impacto público como obras de infraestructura. La intención inicial del Gobierno fue ampliar la cantidad de entes ejecutores, donde los 261 mil beneficiarios de planes que cobran los $ 4.430 por mes que les paga el Estado realizan alguna actividad a cambio. Sólo basta con repasar estimaciones oficiales para entender el impacto sobre los movimientos: alrededor de 60 mil beneficiarios de planes pertenecen a organizaciones sociales, como CTEP, CCC y Barrios de Pie. Pero el Gobierno no se quedará ahí. Sucede que, además, cada uno de los 50 entes de las organizaciones recibe 12.000 pesos al año por cada beneficiario de un plan social, para cubrir costos administrativos, operativos e insumos que necesitan para cubrir las actividades como entes ejecutores. Es decir, en forma global se trata de unos $720 millones. Con este giro, dejarán de recibirlos. La medida será anunciada esta semana.