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La Justicia debe resolver situación de Vaca y habría más imputaciones

01/06/2017 00:00 Policiales
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La fiscal érika Leguizamón y el Dr. Marcelo Acuña, éste último en representación de Fiscalía de Estado, -querellante en el proceso- se opusieron férreamente al pedido de excarcelación que realizó la defensa de Luis Vaca Japaze, único imputado y detenido hasta el momento en el marco de la investigación por la presunta millonaria defraudación perpetrada en la oficina receptora que funcionaba en el Colegio Notarial de esta ciudad.

El Palacio de Tribunales fue el escenario de una audiencia en la que se debía resolver el futuro inmediato del administrador de la oficina receptora donde se detectaron irregularidades.

Las partes se dieron cita pasado el mediodía para una audiencia presidida por la jueza de Control y Garantías, Dra. Sara Harón.

Privacidad

Pese a que las audiencias son públicas, salvo las que se tratan de delitos de instancia privada, los medios de comunicación no pudieron ingresar a la sala, ya que la fiscal érika Leguizamón había solicitado al juez de Control, Dr. Rodolfo Améstegui, que decretara el secreto de sumario.

El tratamiento del caso se lleva bajo un absoluto hermetismo. Sin embargo, fuentes del caso consultadas por EL LIBERAL informaron que en la audiencia se trató una presentación de la defensa de Vaca Japaze, representada por el Dr. Diego Lindow, el cual planteó la nulidad de la detención de su cliente. Vaca Japaze, administrador de la oficina receptora que funcionaba en la sede del Colegio Notarial de esta ciudad, fue apresado el miércoles 24 de mayo, acusado del supuesto delito de estafa.

El planteo de su defensa, radica en que con antelación a su aprehensión, había presentado una eximición de prisión, la cual no fue tenida en cuenta al momento que se ordenó su detención. Paralelamente, Lindow requirió la excarcelación de su cliente, basándose en que la calificativa que se le endilga provisoriamente así lo permite y en que -a su criterio- no existen riesgos procesales.

Oposición

Por su parte, tanto la fiscal Leguizamón como el querellante Dr. Acuña, se opusieron al pedido de la defensa, sosteniendo que sí había riesgos procesales, principalmente el del entorpecimiento de la investigación, ya que estiman que el sospechoso en libertad puede contactar a otros posibles involucrados.

Después de los argumentos vertidos por cada una de las partes, la Dra. Harón decidió diferir su resolución hasta tanto reciba los informes solicitados sobre las actas de detención y de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

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