Confirmado: durante dos años circularon decenas de taxis truchos sin que la municipalidad hiciera nada

Luego de que EL LIBERAL sacara a la luz la existencia de medidas cautelares de la ahora procesada ex jueza Martínez Llanos a favor de 60 remises irregulares, ayer se confirmó que efectivamente decenas de estos autos prestaron el servicio en las calles durante dos años sin que la Municipalidad de la Capital moviera el más mínimo resorte jurídico para oponerse a dicha medida que en la práctica significó un riesgo para los usuarios y un cuantioso perjuicio para las arcas de la comuna, ya que estos vehículos no pagaron tasas, seguros ni ningún otro tributo, actuando con impunidad incluso en los “controles” de tránsito donde las autoridades comunales no recuerdan si detectaron alguno y admitieron que no están en condiciones de afirmar que no andaban en las calles.

Así quedó revelado cuando el propio director de Tránsito Enrique Urquiza, luego de negar toda responsabilidad en el caso, confesó finalmente ante EL LIBERAL que no podía asegurar que los autos en cuestión no hubieran circulado levantando pasajeros (ver nota aparte).

Además, EL LIBERAL tuvo acceso exclusivo a las testimoniales de los choferes de estos autos, quienes al contar una “estafa” que sufrieron y que les impedía tener los coches en buen estado, declararon que “se sacaban partes de (autos) para armar otros”, que “vieron cuando se cambiaban las patentes” y que todo se hacía para que pudieran seguir en las calles.

Estas testimoniales eran de conocimiento de la propia Lucrecia Martínez Llanos, quien a pesar de todo ello, sin correrle vista a la fiscal y dentro del mismo expediente, accedió al pedido del abogado solicitante y otorgó las medidas cautelares que se fueron renovando automáticamente y que “blindaron” a 60 taxis para que mantuvieran su habilitación a pesar de todo.

“No se puede tomar por tonta e ignorante a la gente y pretender hacerle creer que esos autos permanecieron en un taller de reparaciones durante dos años sin salir a las calles. Quieren hacerle creer a todos que se renovaban las habilitaciones con el único fin de que durmieran en un galpón, todo el día, todas las semanas y meses, por esos dos años”, sostuvo ayer una alta fuente de la causa.

Sucede que la revelación de tamaña anormalidad, no sólo lesiona la ya cuestionada reputación de una ex magistrada, sino que pone en tela de juicio las actuaciones de la Municipalidad de la Capital, la que se allanó a cumplir las cautelares sin apelar en ningún momento, dejando que la falta del pago de los tributos correspondientes causaran un cuantioso perjuicio a la propia comuna y, más aún, poniendo en riesgo a los usuarios de esos taxis.

Lo que la comuna perdió en dinero sale de calcular el monto que debe pagar cada auto (eran 60) por cada mes, durante dos años. Se puede decir que la presunta maniobra terminó cuando Martínez Llanos cayó presa por otra causa similar: el otorgamiento de cautelares a un empresario que usó esas medidas para embargar las arcas del Estado tucumano. De lo contrario, por lo visto, la comuna hubiera continuado sin accionar para terminar con semejante irregularidad.

“Es increíble que cuando se supo que la jueza que dictó cautelares en contra de la provincia de Tucumán, era la misma que estaba renovando cautelares de los taxis de la ciudad, nadie haya siquiera sospechado de que algo no andaba bien, sobre todo porque ya era algo automático… es de no creer”, añadió la fuente. El expediente de la causa contiene muchos más datos preocupantes.