Detectan el otorgamiento irregular de cautelares de la ex jueza Martínez Llanos para habilitar taxis en mal estado

A sólo 24 horas de que la ex jueza Martínez Llanos fuera procesada por el otorgamiento irregular de cautelares a favor del empresario Luis Pericás, ayer salió a la luz un nuevo hecho de similares características y que tiene como protagonista a la ex magistrada y a un abogado local con medidas cautelares que permitieron a 60 taxis de diversas empresas trabajar sin problemas a pesar de que no cumplían con ninguna de las normas vigentes para este tipo de servicios.

Durante los últimos dos años, la acusada concedió dichas cautelares "renovándolas" cada seis meses. En ese período, las unidades circularon transportando pasajeros en malas condiciones y sin contar con el seguro correspondiente que marca la ley.

La irregularidad fue advertida por el Juzgado de Transición de Primera Nominación cuando el aludido abogado –representante de los propietarios de los coches- se presentó en diciembre de 2016 para continuar con la "renovación sistemática" de las cautelares.

Allí, el juez Darío Alarcón cortó con esta situación y corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que se pronunciara sobre el inicio de una investigación criminal, en la que también se deberá merituar la responsabilidad que le cabe a la Municipalidad de la Capital, la que se allanó a las medidas de Martínez Llanos sin apelar en ningún momento aún cuando es su responsabilidad controlar el orden y la seguridad que debe brindar el servicio de los radiotaxis en la ciudad.

En efecto, calificadas fuentes judiciales señalaron a EL LIBERAL que las resoluciones de la ex magistrada fueron detectadas cuando el citado abogado solicitó que se emita una nueva cautelar a favor de sus representados, que les permitiera renovar por 180 días la habilitación de estos vehículos que no reunían las condiciones.

En los escritos del letrado, argumentaba que "causas de fuerza mayor" imposibilitaban a estos propietarios de vehículos, cumplir los requisitos exigidos por la Dirección de Tránsito para la renovación de las habilitaciones. Dichas causas de fuerza mayor, eran una presunta estafa que habrían sufrido estos titulares de los coches de alquiler por parte de un grupo de mecánicos y por la cual hay una denuncia que se instruye en la Justicia.

Sin embargo, en la órbita judicial, analistas jurídicos señalaron que el otorgamiento y la renovación automática de las cautelares por parte de Martínez Llanos en este caso "es totalmente irregular" ya que representaba una situación grave que ponía en riesgo a quienes usaban estos vehículos que no reunían las condiciones de seguridad para prestar el servicio.

Según información y documentación a la que tuvo acceso EL LIBERAL en forma exclusiva (ver facsímiles), esta renovación irregular a partir de las cautelares de Martínez Llanos se realizó a lo largo de dos años, cada seis meses.

Entre los documentos a los que accedió este medio, se encuentran dos cautelares emitidas por la ex magistrada en febrero de 2016 en la que notifica a la Dirección de Tránsito Municipal que debe renovar la habilitación de estos vehículos por un mes; y luego otra cautelar de marzo del mismo año, donde amplía el "blindaje jurídico" para los dueños de estos autos, a 180 días, hasta septiembre de 2016.

También se desprende de la documentación, que a lo largo de estos dos años, la Municipalidad de la Capital jamás apeló las cautelares a una instancia superior de la Justicia para impedir que se habilitaran los 60 coches de distintas empresas, aún a sabiendas de que no estaban en condiciones para transportar personas.

Ante ello, no se descartaba analizar desde la Justicia la responsabilidad de los funcionarios comunales actuantes. Por lo pronto, se avecina un nuevo frente judicial para Lucrecia Martínez Llanos.