Investigan si Antuz trabajaba para los jueces Tarchini y Moreno al mismo tiempo

En el marco de la investigación por la presunta millonaria defraudación al Estado de Tucumán, en una maniobra que tiene como imputados y detenidos a tres ex jueces del Crimen de nuestra provincia, a un empleado judicial y al empresario periodístico Luis Manuel Pericás, se conocieron importantes revelaciones en las últimas horas que podrían dar un giro en el proceso y complicar aún más la situación de los involucrados.

Hasta ahora los tres ex magistrados sospechados de haber participado de los hechos que se investigan, enfrentan cargos por los supuestos delitos de "defraudación calificada, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato", pese a una batería de delitos que le endilgó la Fiscalía de Estado de Tucumán en la denuncia original.

La imputación fue establecida por el juez del Crimen de 3ª Nominación, Darío Alarcón, quien lleva adelante la causa. Sin embargo, la calificativa podría agravarse si se comprueba un vínculo en al menos tres de los involucrados, lo que podría configurar una "asociación ilícita", delito más grave y que no es excarcelable para quien resultare cabecilla del grupo.

Una alta fuente ligada al proceso, manifestó el empleado judicial detenido, Eduardo Antuz, al momento de ser detenido cumplía funciones en el Juzgado del Crimen de Segunda Nominación, por entonces a cargo del Ramón Tarchini Saavedra. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes, anteriormente Antuz fue empleado del Juzgado del Crimen de Cuarta Nominación, a cargo en ese momento de Miguel Moreno, dos de los ex jueces investigados en la maniobra.

Pero esa no sería la única conexión, sino que las mismas fuentes afirmaron que una vez que Antuz pasó al Juzgado de Tarchini Saavedra, continuaba cumpliendo diligencias de Moreno. De hecho, las fuentes aseguran que el cheque que el empleado judicial habría alcanzado a Pericás para que éste cobrara una orden de pago habría sido emitida por Moreno derivada de una cautelar librada por Tarchini Saavedra.

Las fuentes apuntaron que estarían tratando de recabar la mayor cantidad de elementos probatorios y que ya se habrían solicitado una serie de informes, a los fines de corroborar la información antes señalada. De poder comprobar los vínculos, la situación de los ex jueces y el empleado judicial podría comprometerse aún más.

Otro de los puntos que se van clarificando en el proceso, es que el empresario Pericás -detenido el miércoles en Buenos Aires- habría sido el más beneficiado (o al menos la cara visible) en la operatoria.

Un dato revelador que se conoció en las últimas horas, es que entre los secuestros que se recogieron desde la habitación de un hotel ubicado sobre calle Buenos Aires en nuestra ciudad hace diez días, habrían encontrado tres cheques por el valor de $50 mil cada uno, que tenían como destinatario a un empleado judicial.

Los investigadores entienden que esa habría sido la suma que Pericás habría abonado al empleado judicial para que éste último sea el encargado de cobrar el dinero desde las entidades bancarias.

A poco más de un mes de que se inicie la compleja investigación, se van conociendo más detalles y la situación de los involucrados parece comprometerse cada vez más.