La jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, ordenó la detención de Jorge González, expresidente de Enersa, empresa eléctrica de Entre Ríos.
Entre Ríos: detienen a un funcionario del exgobernador Gustavo Bordet por corrupción Entre Ríos: detienen a un funcionario del exgobernador Gustavo Bordet por corrupción
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó la detención de Jorge González, expresidente de Enersa, empresa eléctrica de Entre Ríos. González está involucrado en una causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos por parte de la firma de seguridad Securitas para acceder a contratos de vigilancia privada.
Además, la titular del Juzgado Federal dispuso el allanamiento de su domicilio, ubicado en el barrio privado Puerto Barrancas, una zona exclusiva de Paraná. Tras su arresto, el exfuncionario fue trasladado a Buenos Aires, donde será indagado el próximo lunes.
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El exfuncionario estuvo al frente de la empresa entre 2017 y 2021, lapso que se ubica entre el último tramo de la primera gestión de Bordet al frente de la provincia y los inicios de la segunda. Llegó luego de experiencias en otras distribuidoras eléctricas y con el antecedente de haber sido jefe de gabinete de la Municipalidad de Paraná entre 2003 y 2007, cuando gobernaba el peronista Julio Solanas.
En el operativo, realizado durante el sábado por personal de Gendarmería, se secuestraron toda documentación vinculada a Enersa, Securitas y otras empresas involucradas en la investigación, así como información relacionada con los hermanos Tórtul, presuntos intermediarios en los pagos ilegales. También ordenó incautar celulares, computadoras, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, claves de acceso a billeteras virtuales y documentación contable sobre bienes muebles e inmuebles.
Durante el procedimiento, los efectivos encontraron e incautaron 270.974 dólares, 12.000 euros y cerca de 700.000 pesos argentinos.
La causa comenzó en 2020, luego de que la filial argentina de Securitas, entonces bajo control de la casa matriz sueca Securitas AB, se autodenunciara en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Una auditoría interna realizada en 2019 detectó el pago sistemático de coimas a funcionarios públicos desde al menos 2013, con el objetivo de asegurarse contratos de seguridad y cobrar deudas en distintas gestiones.
En particular, se identificaron presuntos pagos realizados entre fines de 2016 y principios de 2019. Según la documentación y los mensajes recuperados durante los allanamientos, los hermanos Tórtul habrían entregado dinero en efectivo a funcionarios de Enersa para garantizar la continuidad de los contratos con esa empresa estatal. Los fondos utilizados para los sobornos habrían sido canalizados a través de Tornell SA, una empresa vinculada a los Tórtul que habría facturado servicios inexistentes a Securitas.
Ambos hermanos ya tienen procesamiento confirmado por la Cámara Federal de San Martín desde el 4 de diciembre del año pasado. Están acusados de integrar una asociación ilícita como organizadores, en concurso real, con cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.
