Lo prometido (siempre) es deuda: ¿qué exige el FMI para un nuevo acuerdo?

La Argentina está atrapada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 2018, el gobierno de Mauricio Macri acudió al organismo en medio de una corrida cambiaria, y en un tiempo récord, saltándose los controles legales requeridos, obtuvo el acuerdo más grande otorgado por el organismo a un solo país: se le habilitaron más de 55 mil millones de dólares, como muestra de apoyo político ante un gobierno amigo en la región. El acuerdo debía servir como respaldo para el gobierno, que estaba haciendo las tareas: ajustando las cuentas fiscales (aumentó tarifas, despidió trabajadores, bajó impuestos a los ricos y poderosos, entre otras) y abriendo la economía.

A pesar de las sucesivas alertas que indicaban que el acuerdo Stand By estaba financiando la salida de capitales, algo prohibido por el Convenio Constitutivo del FMI, los dólares siguieron entrando. Pero la crisis no se detuvo. Los desembolsos del FMI se detuvieron cuando el gobierno quedó segundo en las elecciones PASO de agosto de 2017: habían ingresado y salido 44.500 millones de dólares. La crisis y la deuda quedaban en pie.

El gobierno de Alberto Fernández encaró una negociación amistosa de la deuda. Primero con acreedores privados, para lo cual contó con el apoyo del FMI, y luego con el propio organismo. A pesar de que la deuda tenía marcas de ilegalidad e ilegitimidad, con irregularidades que reconocerían el Banco Central y luego la Auditoría General de la Nación en el país, y la Oficina de Evaluación Independiente del propio FMI, la estrategia del gobierno fue ganar tiempo para pagar. Y con esa lógica, acordó un nuevo acuerdo, de Facilidades Extendidas, con plazos más prolongados, que se usó para pagar el acuerdo anterior. En el camino esto implicó más pago de intereses, comisiones e incluso sobre-cargos.

Las exigencias no fueron novedosas (ajuste fiscal, reducir la emisión, acumular reservas), lo diferente fue aceptar otra velocidad. Pero bajo este nuevo programa, parece que tampoco se podían alcanzar los objetivos impuestos por el Fondo.

Y ese fue el flanco de crítica de Milei. Por eso, durante su campaña se hartó de anunciar que "el Fondo no sería problema en su gobierno" ya que buscaría sobre cumplir las metas. Aunque con argucias contables, logró su cometido. Excepto con las reservas: en la Argentina libertaria, todo lo que entra, no deja de salir. A pesar del ajuste y la recesión, de las exportaciones del agro y las energéticas, el Banco Central no logra acumular suficientes reservas. Y esto significa una amenaza constante a la posibilidad de pago de la deuda.

El gobierno ha hecho una gran cantidad de pases de magia: reeditando el blanqueo de capitales más importante, aplicando un plan dólar-soja nueva edición, canjeando deuda o armando un REPO con bancos extranjeros, pero no consigue los 15.000 millones que Caputo necesita para quitar el cepo y liberar el tipo de cambio.

Sin ese dinero, el riesgo de que el tipo de cambio vuele por los aires es muy grande. Por eso, todavía tenemos cepo. Por el momentoo, se están usando los dólares del superávit comercial para intervenir en el mercado financiero (libre) y contener la brecha, pero ese recurso no alcanza.

El gobierno necesita que el FMI preste mayores fondos para garantizar estabilidad cambiaria y continuar con el programa de ajuste y reformas. Ahora bien, la negociación sigue con el mismo ministro que dejó ir los 44.500 millones de dólares previos, prometiendo que esta vez sí estarán bien guardados. Por eso el Fondo insiste para que sea diferente: primero liberen los controles, dejen que el peso se devalúe y luego les habilitamos fondos.

El problema es que hacer eso implicaría hacer saltar por el aire la estrategia anti-inflacionaria del gobierno, que se basa centralmente en el peso revaluado. Como una parte importantísima del voto al oficialismo se basó en su promesa de bajar la inflación: no importa si su esquema es injusto e insostenible a nivel macro, mientras eso se sostenga, es probable que la confianza no se termine de caer. Si la inflación saltase, el cuento sería otro. El debate de la apreciación del peso está en la mesa desde hace al menos dos meses atrás, y le generó discusiones con un arco de lo más diverso, desde Cavallo hasta Kicillof. Corregirlo ahora implica el riesgo de parecer débil, de ceder. Incluso así fuera para alinear desfasajes de la cuenta corriente que se fueron acrecentando también por devaluaciones de las monedas de países periféricos, incluso en la región. En año electoral, una devaluación no parece ser una buena opción para el gobierno.

La coyuntura global está poniendo en jaque a todos los organismos internacionales y el FMI no es la excepción. Estados Unidos está retirando fondeo de organismos internacionales, pasando a agendas que no priorizan estrategias multilaterales, y esto está evidentemente tensando la cuerda con otros socios del Directorio. Los argumentos burocráticos son fuertes, pero también lo es la sintonía ideológica de los presidentes de EEUU y Argentina. ¿Acaso pretenderán apelar a los 11 mil millones aprobados en 2018 y que no fueron utilizados? ¿Qué nuevo tipo de acuerdo firmarían?

En medio de estas tensiones, que vienen dilatando las negociaciones desde hace meses, estalla el escándalo del fraude de la criptomoneda $LIBRA. El presidente y su entorno directo están involucrados de manera directa, y los acontecimientos se renuevan diariamente, con repercusiones mundiales. Los "fundamentos" del modelo, dicen, permanecen inalterados: Milei sigue adelante con su ajuste fiscal injusto, reñido con el derecho. Pero, ahora se enfrenta a un problema de reputación: o fue partícipe de una estafa, o no es el experto que se jactó de ser, o está pésimamente asesorado a niveles muy cercanos, o todas juntas. ¿Cómo confiaría un inversor a una conducción así? ¿Cómo harían desde el FMI para validar una operación de este tipo?

La cercanía política e ideológica entre Trump y Milei hace pensar que, tal como sucedió en 2018, aunque las reglas indiquen otra cosa, un nuevo programa pueda existir (aunque aun no tengamos certeza de ello). Tampoco hay muchos indicios certeros de que, aunque se apruebe, el gobierno pueda llegar a las elecciones legislativas con el dólar bajo control. Lo único que sí es seguro en esta historia es que nos dejaría, nuevamente, a los y las argentinas, aplastados por una deuda mayor que no aportó nada a mejorar nuestras vidas.