El Senado sancionó la ley que suspende las PASO para este año

El pleno del Senado sancionó anoche la ley que suspende las PASO para el corriente año, por lo que el Gobierno consiguió cumplir con el objetivo primordial de las sesiones extraordinarias, que finalizan mañana. La iniciativa obtuvo la mayoría absoluta -37, obligatorio- de 43 votos entre oficialistas, varios dialoguistas -algunos, divididos- y un kirchnerismo que se fracturó en este tema como en Diputados, mientras que hubo 20 rechazos y seis abstenciones.

 "Son muy pocos los espacios que han tenido la posibilidad de dirimir su propia interna a la hora de las PASO", aseguró la senadora del peronismo disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Córdoba), quien fue la miembro informante.

Vigo repitió argumentos del Ejecutivo en relación con el proyecto, en cuanto a que las PASO no significaron ningún "remedio" para la crisis de representación política y que sirven "como una gran encuesta", según dijo. Y agregó: "Con su eliminación -en realidad, suspensión-, los partidos retoman la libertad de elegir su propia organización, cosa que también contempla en la actualidad la ley de partidos políticos".

La legisladora cordobesa luego deslizó que el Gobierno fijó el gasto de las PASO en USD 150 millones. Seguido a ello, destacó que resultó "no ser el mejor sistema" y que, si bien no era ideal tratar el tema, "el ciudadano de a pie, a la larga, va a valorar este proyecto", sobre todo, "en el contexto que transitamos".

Desde el Frente de Todos, el peronista pampeano Pablo Bensusán -se abstuvo- criticó la gestión económica del Gobierno libertario. "¿Les parece, con la crisis que están viviendo los argentinos, que estemos tratando la suspensión de las PASO en sesiones extraordinarias? Me parece que le estamos errando", manifestó. Y advirtió al Ejecutivo para que "aproveche el tiempo para empezar a capacitar a la ciudadanía, que no tiene idea cómo votar la Boleta Única de Papel".

Quien votó en contra fue el radical Pablo Blanco, pese a que suscribió el dictamen de mayoría en disidencia y permitió que aterrizara el tema en el recinto. "Es una herramienta que permitió a varios poder haber accedido a una banca. Si hubiera sido una interna cerrada o abierta, algunos no estarían sentados", enfatizó.

Blanco apuntó sobre el potencial "ahorro" de USD 150 millones. En ese sentido, preguntó: "¿Dónde van a ir? ¿A a partidas de libre disponibilidad del Gobierno nacional, que está con un presupuesto reconducido de dos años atrás?". Y finalizó: "Cuando tratamos la boleta única, decíamos que iba a haber un montón de ahorro de plata y ahora es un gastadero las PASO". En tanto, su colega Edith Terenzi (Chubut) comprometió el voto a favor de la ley y, de manera curiosa, añadió que no volverá aprobar un texto similar. Una postura similar adoptó Guadalupe Tagliaferri (PRO).

Uno de los que se diferenció en el Frente de Todos fue el catamarqueño Guillermo Andrada. "De 2011 a 2023 ha ido lentamente cayendo la participación. Si uno toma mi provincia, en ninguna de las elecciones generales ha sido menos que en las PASO. De un 78% pasó a casi un 70%, lo que genera una idea de que el ciudadano lo toma como una acción secundaria", sostuvo el legislador peronista.

Su compañera de interbloque, Carolina Moisés (Jujuy), señaló: "No hay una molestia de la sociedad con la democracia o la política, sino con los partidos políticos, que no se han democratizado más por las PASO. Esa molestia está generada porque el sistema le exige demasiado a los ciudadanos y genera confusión. Ahora tenemos que ser capaces de contrastar entre lo ideal que planteaba el proyecto con la realidad".

Otro radical que se opuso a la suspensión de las PASO fue el bonaerense Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien reflexionó: "¿Debemos reconsiderar las primarias cuando no hay competencia interna? Por supuesto. ¿Hay que intentar optimizar recursos y bajar el gasto? También, pero circunscribir este debate al plano económico implica ponerle precio a la democracia. Remover un sistema que funciona, y que legitima la representación política colocando en el centro de la escena a los electores, nos deja ante un panorama de retroceso en términos institucionales". El hasta hace meses libertario Francisco Paoltroni fue en el mismo sentido.

El cierre del debate estuvo a cargo del jefe de la Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche. "Desde 2011 hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas: el 40% obtuvo el 1,5% -pasar clasificar a la general-, es un abuso del sistema". Y sumó que "ningún país de la región tiene PASO".

Atauche recordó que, en 2023, el partido Principios y Valores -del ex funcionario kirchnerista Guillermo Moreno- "tuvo cinco listas, y entre todas llegaron a 0,79% de los votos que pagamos los argentinos para el capricho de algún político que no podía participar dentro de su partido, y recibió $125 millones tirados a la basura".

También sancionó cambios en reincidencia para desactivar la "puerta giratoria"

El Senado sancionó este jueves la ley que implementa cambios penales sobre la reincidencia y reiterancia para desactivar, según palabras del propio Gobierno, la denostada "puerta giratoria" de delincuentes. La iniciativa obtuvo 67 adhesiones en la votación en general -unánime- y a los pocos minutos avanzó con la particular, donde el kirchnerismo rechazó un puñado de artículos.

Al revisar el texto, el primer artículo deja en claro que "se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme". Un segundo punto involucra la falta de un criterio legal único, ya que es usual que se realice un 'mix'. Con la ley, la pena final será por la sumatoria de todos los delitos.

En tercer lugar, vale destacar la diferencia entre "reiterancia" y "reincidencia". Por caso, un juez hoy valora y dicta en base a la posibilidad de fuga y/o entorpecimiento de la causa. A partir de ahora, se incorporará un tercer supuesto con las imputaciones previas que haya tenido el involucrado, lo cual deberá también ser considerado por el magistrado a cargo de definir este tipo de situaciones.

Como miembro informante, el senador libertario y titular de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), indicó: "La justicia penal se encuentra sobrepasada. Necesitamos reformular la justicia, la construcción de cárceles nuevas y de institutos que reciban a menores para evitar que caigan en escuelas del delito y necesitamos que las normas de excarcelación se cumplan". Para este tema, sólo tres legisladores hicieron uso de la palabra.

Previo a la sesión, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advirtió: "Si se aprueban estas iniciativas se agravará el hacinamiento en los lugares de detención. Entre 2016 y 2023, la cantidad de personas privadas de libertad en cárceles creció en un 48,5%".

La iniciativa, que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno libertario, aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

El Ejecutivo -en particular, la titular de Seguridad, Patricia Bullrich- tomó como base la norma de los Estados Unidos, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia.

La Ley RICO es una normativa federal contra la extorsión criminal y mafias corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, entre los que se incluyen fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etcétera. Y permite, si se combinan dos de ellos, avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.

Un detalle no menor de esto es que la norma también elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serán penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal. En el caso de la legislación italiana, lo que propone también abarca mucho más: establece que serán condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente y/o avalen favores, incluso, sin aceptar plata.