Del Estado Social al Estado Penal

El sociólogo polaco Sygmunt Bauman, uno de los pensadores más importantes de la segunda mitad del Siglo XX y principios del XXI, describe a la sociedad actual como "líquida", es decir, una sociedad volátil, fluida e inestable. La sociedad líquida se caracteriza por: la fragmentación de la identidad, la inestabilidad laboral, la sobredosis de información sin filtrar, la economía del exceso y los desechos, la falta de credibilidad de los modelos educativos y políticos, el fin del compromiso mutuo y las relaciones interpersonales fugaces. Estos cambios son rápidos y permanentes y producen una serie de consecuencias negativas en la vida real y concreta de las personas.

En el plano de la economía, la propuesta liberal que promueve la desregulación en todos los planos dejando en manos del marcado las decisiones más importantes de la oferta y la demanda y la ausencia de control del Estado produce cada vez mayor pobreza, desigualdad de oportunidades y ciudadanos sobrantes (descartados) del sistema.

En la sociedad líquida el Estado social llamado también benefactor, como garante y protector de los derechos de los ciudadanos, se transforma en un estado ausente que se va desentendiendo paulatinamente de las necesidades de las personas y limitando y demoliendo sus derechos adquiridos (aunque se diga que a partir de ahora se ocupará de las necesidades esenciales de los ciudadanos) dando paso a un estado tipificado como penal, es decir, un estado excluyente que estigmatiza a los sobrantes de la sociedad como "peligrosos" y los persigue reprimiéndolos con violencia.

El temor que produce en todos los ciudadanos el avance de este modelo de sociedad hace que muchos se vuelvan cada vez más individualistas, temerosos de construir vínculos humanos y sociales con otros ciudadanos, especialmente con los que no pertenecen a su círculo social y económico. Un ejemplo de esta situación es la construcción de viviendas y condominios cerrados, supuestamente seguros y herméticos que retroalimentan el temor y el individualismo en las personas.

En nuestro país, impulsado por la ideología y el estilo de gestión del gobierno nacional, se acelera la configuración de este modelo de sociedad "líquida", "del sálvese quien pueda" demoliendo los cimientos de nuestro sistema democrático, fogoneando la división ya existente que a mi entender no se trata principalmente de una división política, sino de clases sociales, que la política en lugar de sanar y tender puentes de reconciliación y amistad solidaria ha profundizado con el objetivo de fortalecer su status quo.

Al iniciarse la gestión del actual gobierno nacional se promulgó el DNU 70/23: "bases para la reconstrucción de la economía argentina" declarándose la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el finales del 2025. Este decreto del ejecutivo nacional tiene una doble consecuencia negativa: a) limita los derechos laborales de los ciudadanos, el acceso a la vivienda, el derecho a la salud y a la tierra, entre otros, y b) disminuye la calidad de nuestro sistema democrático ya que no fue promulgado por el Poder Legislativo. Más aún, afectó el federalismo en nuestro país distribuyendo discrecionalmente los recursos de todos según sea la adhesión de las provincias a dicho decreto. En este sentido, la visión penal y excluyente del Estado se aplica no sólo a los descartados de la sociedad sino también a las provincias que no adhieren a la ideología del gobierno nacional y sus políticas neoliberales, así como a las organizaciones de la sociedad civil que reclaman mayor justicia, equidad y calidad democrática.

¿El Estado Penal en nuestro país vino para quedarse o será una configuración "líquida" más de esta sociedad posmoderna? Algunos añoran el Estado benefactor y esperan su resurrección; otros creen que nunca más volveremos a tener un Estado así y que los ciudadanos estaremos indefensos y librados a nuestra propia suerte, a lo que cada uno pueda hacer por propia iniciativa. Sea cual fuere la forma de organizarse del Estado en los próximos años, a lo que no podemos renunciar jamás si queremos vivir en una sociedad sana e inclusiva, es a sostener a los pobres e indefensos de la sociedad, tender lazos de empatía y solidaridad entre los ciudadanos, y construir entre todos la cultura del encuentro donde la vida y la dignidad de las personas sean lo más importante y el eje que articule toda decisión y gestión política. Una nueva Argentina es posible, con inclusión y respeto de los derechos de todos los ciudadanos.