Tierra Brava: declararon12 peones y sospechan que hay personajes "ausentes", claves en el copamiento

Un "pelotón" de 12 obrajeros dijeron ayer haber sido contratado por un cordobés "para hacer alambrados" en la estancia Tierra Brava, Alberdi, y que ignoran por qué hubo hombres con armas de fuego, al tiempo que aseguraron que no saben cómo tres empleados del establecimiento terminaron heridos de suma gravedad.

En ello giró el común denominador de las respuestas a 12 imputados: Tomás Torres Villalba, Martín Allgayer, Guillermo Molina, Javier Alarcón, Ramón Navarrete, Pedro Iñíguez, Martín Mansilla, Maximiliano Gómez, Daniel Toloza, Héctor Coria, Ernesto Díaz y José Pereyra. El grupo fue asistido por el equipo del defensor, Gabriel Herrero Medina. Casi todos declararon.

Para hoy, la fiscal, Celia Mussi, prevé indagar a los otros 15 imputados: Octavio Campoya, Omar Perea, Daniel Quinteros, Maximiliano Quinteros, Julio Iñíguez, Luis Fernando Michelotti, Esteban Miranda, Gabriel More, Walter Luna, Ramón Mendoza, Julio González, Víctor Rojas, Marcelo Díaz, David Lobo y Pablo Rojas.

Trascendió que el "fuerte" será asistido por abogados particulares e indagados en el edificio de la Fiscalía: Luis Barraza, Rodolfo Cuestas, Lucas Vieyra, Aída Farrán Serlé, Gilberto Perduca y Martín Rojas, son apenas algunos de los abogados que trabajarán desde las 9.

"Privación ilegítima de la libertad, lesiones y usurpación en perjuicio de Oviedo y otros", es la acusación. Fueron secuestradas 19 armas de fuego, una Toyota Hilux con tráiler, dos escopetas, dos rifles, un cuchillo, machetes, hachas, una amoladora y $ 1.900.000.

"Desde el sábado 7 hasta ayer, la gran carencia del cordobés (Luis Fernando Michelotti) es la documentación", confió un investigador. Su entorno aún no supo explicar, con fundamentos, por qué copó un campo de 3.900 prósperas hectáreas con hombres armados.

No es un dato menor. Hay tres empleados de Tierra Brava (en teoría con otro "dueño" de apellido Gurman) muy heridos. Serán trasladados este viernes para ser asistidos por los médicos forenses.

No es todo. También declarará el encargado del campo, un ingeniero de apellido Cansinos. El hombre formuló una denuncia el martes y arribará munido de abultada documentación.

En forma paralela al desfile de imputados, la Fiscalía confecciona oficios a todos los organismos de contralor: en ellos buscará las respuestas aún vedadas por los detenidos sobre la real propiedad del campo en pugna.

Lo único que tiene hoy es 27 personas armadas, la mayoría, que tomaron por asalto la estancia y después fueron perseguidas y apresadas por la policía.

Dos bandos con diferente información sobre el campo

Los doce imputados señalaron en la víspera que arribaron al campo en la madrugada y mañana del domingo 8 de diciembre. Horas antes, el predio habría sido un polvorín con sujetos armados, resueltos en imponer el rigor de la violencia y los plomos.

Los indagados, representados por el defensor oficial, Gabriel Herrero Medina (foto), manifestaron que eran ajenos a todo. "Nos contrataron para alambrar la zona. Nos llevaron los contratistas y no conocemos a los patrones, o dueños, o lo que sea", clarificaron.

"Despertamos y después llegó la policía", ahondaron, sin ocultar su estupor. "No sabemos qué pasó, pero a nosotros nos llevaron a trabajar", insistieron.

Lo que viene

Para hoy, el resto del personal será indagado, pero con defensa privada. El más esperado es el empresario cordobés, quien hasta anoche carecía de abogados, o bien formaba parte de la estrategia.

Pedirían informes a otras jurisdicciones por el caso

Por fuera del ajetreo de abogados, la Justicia investiga y ahora solicitaría informes a otras jurisdicciones, en especial del departamento Copo, ante sospechas de otras maniobras con documentación, en torno al mismo campo.

Las fuentes adelantaron que antes de recurrir a las balas, los hoy imputados habrían efectuado presentaciones en otro juzgado, alegando ser propietarios e invocando derechos, pero patrocinados por abogados.

Si ello fuese confirmado, la lógica indicaría que el empleo de la fuerza fue el "plan B" y que habría piezas vitales de un rompecabezas aún difuso. Lo más trascendente, faltarían personas por ser imputadas, deslizó un alto funcionario a cierre de esta edición.