El juez, Gastón Merino, amplió el encierro de los tres sospechosos, Ivo Daniel Carrizo, María José Díaz y Felipe Rojas Ocampo.
Millonario "afer" en Juzgado de Faltas: negligencia o tres empleados que manipularon recibos de pago Millonario "afer" en Juzgado de Faltas: negligencia o tres empleados que manipularon recibos de pago
Los tres empleados del Juzgado de Faltas siguen detenidos ante firmes sospechas de que pergeñaron una "defraudación" de casi $ 5.000.000. Aunque su conducta también podría ser atribuida a una mera negligencia, lo cierto es que para los investigadores habría una casi segura "asociación ilícita" para manipular planillas y/o computadoras.
Así lo subrayó ayer el fiscal, Mauricio Fabián Abramzuc, para lamento de Ivo Daniel Carrizo, 31 años, empleado administrativo del Bº Costanera; María José Díaz, embarazada, Bº Tarapaya y Felipe Rojas Ocampo, domiciliado en las torres a la vera de la autopista Juan Domingo Perón.
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Cayeron detenidos la mañana del 22 de septiembre, en allanamientos refrendados por el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet. La denuncia había sido interpuesta el 11 de septiembre por el titular del Juzgado, Matías Esteban Balmaceda. El funcionario alertó por operaciones concertadas entre abril y setiembre del 2024, con neto sesgo de falsificaciones en el organismo de calle San Martín, casi avenida Belgrano.
En audiencia presidida por el juez de Control y Garantías con Competencia Penal y Juvenil, Gastón Merino, la Fiscalía apuntó ayer a la médula de la maniobra: un millonario afer en multas con recibos de pagos cargados en el sistema informático del Juzgado, de dimensiones cuantitativos hasta hoy, cercano a los $ 5.000.000.
Enfrente, la defensa se opuso tajante: Juan José Saín, por Díaz; Carlos Ríos López, por Carrizo; Guillermo Tuma y Francisco Bordi en asistencia de Rojas Ocampo.
Coincidentes, interpretaron que en el peor escenario puede facturarse al grupo "... haber realizado cargas con recibos de pago sin haber verificado su autenticidad"... "A lo sumo puede reprocharse negligencia, pero nunca dolo", señalaron los letrados al magistrado.
En ese sentido, instaron al dictado de "la falta de mérito, el sobreseimiento y, por ende, la triple excarcelación", al considerar que el proceso se caracteriza "por una atipicidad de delito". Las normas vigentes clarifican que se trata de una figura caracterizada por "... la falta de adecuación de la conducta al tipo penal. Es importante diferenciar la atipicidad de la falta de tipo, siendo que en el segundo caso, no existe descripción de la conducta o hecho, en la norma penal".
La querella
La batalla también incluyó a los abogados de Fiscalía de Estado, los doctores Alejandra Elián Collado y Marcelo Acuña, quienes persiguen la restitución del bien afectado, es decir el reintegro de los casi $ 5.000.000. Los funcionarios exhortaron a la Justicia a la realización de una investigación en profundidad en torno a los detenidos.
Finalmente, después del mediodía, el magistrado prorrogó las detenciones hasta la semana venidera (el 22 de octubre se cumple el mes) y exhortó prontitud a la Fiscalía. Ergo, la semana venidera, preventiva o libertad.
La temida prisión preventiva y una cadena aún difusa
La Fiscalía ya dejó entrever que la semana entrante irá por la prisión preventiva. Pero, a la vez, nadie descarta que agrave las calificativas y se juegue por la "asociación ilícita". Elementos tendría, en principio: reiteradas maniobras delictivas con los mismos nombres. Solo deberá depurar en roles, diferenciar entre jefe/s e integrantes.
A sabiendas de esa probabilidad, las defensas solicitarían auditorías y testimoniales de otros empleados, en especial ingenieros en computación. Saín, Ríos López, Tuma y Bordi exhortarían a la Fiscalía contundencia: que los delitos emerjan palpables no implica que sus responsables fuesen Carrizo, Díaz y Rojas Ocampo.
En el debate se profundizó mucho sobre la diferencia entre usuarios y clave, vías técnicas que posibilitaban que fuesen insertados recibos de pago, hoy puestos en duda y tildados de apócrifos.
Sistema vulnerable
Asimismo, los "actores" subrayaron que mal que les pese a todos, el sistema informático del Juzgado de Faltas fue vulnerado y nadie puede garantizar que los únicos hipotéticos "empleados infieles" sean los tres en escena.
Y, sin querer, tocaron un punto vulnerable y/o sensible, ya que la denuncia de Balmaceda quizá podría alcanzar dimensiones más altas y se lleve puesto a otros eslabones de una cadena aún difusa.
Por lo pronto, Carrizo, Díaz y Rojas Ocampo al cierre proseguían en sus alojamientos (la mujer, con domiciliaria por embarazo) con inequívoca preocupación, oscilantes entre la libertad, o la preventiva.
