El Gobierno sostiene que los derechos ya están garantizados por la Constitución Nacional y no necesitan leyes adicionales.
Ley Hojarasca: el plan del Gobierno para eliminar "regulaciones innecesarias" Ley Hojarasca: el plan del Gobierno para eliminar "regulaciones innecesarias"
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, presentó este lunes los fundamentos de la denominada Ley Hojarasca, un proyecto que el Gobierno envió al Congreso el pasado viernes con el objetivo de "derogar costos innecesarios para los contribuyentes y eliminar normas que han afectado las libertades individuales". La propuesta, formalmente titulada Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, busca "promover la seguridad jurídica y remover obstáculos para el desarrollo personal y colectivo del país", según lo indicado por el Ministerio.
Desde la cartera de Sturzenegger, se explicó que la Ley Hojarasca parte del principio de que "todo lo permitido por la Constitución Nacional no requiere de leyes específicas". En este sentido, el proyecto pretende eliminar normas que generaron "gastos innecesarios para los contribuyentes", como la creación de organismos considerados superfluos, entre ellos la Federación Argentina de Municipios.
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El Gobierno subrayó que "los derechos no necesitan leyes", argumentando que la Constitución Nacional ya establece una serie de derechos fundamentales inherentes a las personas. "No es necesario emitir una norma que reconozca un derecho que ya es propio de todos los habitantes de la Nación", añadieron fuentes del Ministerio.
El documento presentado también critica lo que califica como una visión "intervencionista" predominante en el siglo XX, que habría impuesto la necesidad de promulgar leyes para otorgar derechos ya establecidos en la Constitución. Según el texto, esto llevó a una situación donde "ninguna actividad parece posible sin un aval previo del Estado", fomentando abusos y arbitrariedades.
Las claves del proyecto
El Ministerio detalló seis aspectos clave en la derogación de leyes consideradas obsoletas. En primer lugar, se propone la eliminación de regulaciones que "han sido reemplazadas por otras más completas y modernas". Un ejemplo destacado es la existencia de normativas sobre vacunación que son específicas para la viruela, las cuales quedaron obsoletas con la promulgación de leyes generales de vacunación.
