El Gobierno nacional refuerza controles sobre pensiones no contributivas y asignaciones de ANSES

El Gobierno nacional implementó modificaciones en los requisitos para la obtención y mantenimiento de pensiones no contributivas y asignaciones gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida, oficializada mediante la resolución 918/2024, tiene como objetivo fortalecer los controles en torno a estas prestaciones sociales.

Entre las principales modificaciones, se establece un nuevo requisito de residencia en el país para los beneficiarios. Según la normativa, "la persona titular o generadora de derecho no cumple con dicho requisito cuando se haya ausentado del territorio de la República Argentina por un período superior a 90 días corridos". Para verificar el cumplimiento de esta exigencia, ANSES utilizará la información disponible en sus bases de datos y la que sea remitida por la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de convenios vigentes entre ambos organismos.

En caso de detectarse el incumplimiento del requisito de residencia, se procederá a la suspensión del beneficio hasta que el titular solicite su reactivación y demuestre que reside nuevamente en el país. Sin embargo, en ciertos casos, como en prestaciones cuya falta de cumplimiento implica la pérdida del derecho, se dará de baja el beneficio correspondiente. Este procedimiento también se aplicará a quienes perciban la bonificación por zona austral, quienes deberán solicitar y probar su derecho para volver a ser abonados.

La resolución argumenta la necesidad de establecer un plazo razonable para determinar el cumplimiento del requisito de residencia, en vista de inconsistencias en la gestión de las prestaciones. Esto se enmarca en un proceso más amplio de fiscalización y auditoría de asignaciones y prestaciones de la seguridad social, impulsado por la reciente revelación de irregularidades en el otorgamiento de pensiones.

Las auditorías internas, que abarcaron la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, han detectado "inconsistencias alarmantes", con un 57% de las pensiones otorgadas en CABA catalogadas como "truchas", cifra que aumenta al 80% en Mar del Plata. Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), señaló que estos hallazgos reflejan un "escandaloso negocio con la discapacidad", que podría representar un desvío de fondos de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares anuales.