Esta medida tiene que ver con el objetivo del Gobierno de reducir el gasto público, eliminando entidades cuya contribución al interés general se considera marginal.
El Gobierno disolvió el Instituto Argentino del Transporte por "superposición de funciones" El Gobierno disolvió el Instituto Argentino del Transporte por "superposición de funciones"
El Instituto Argentino del Transporte (I.A.T.), creado en 2014 con la misión de asesorar en la planificación estratégica del transporte en Argentina, fue oficialmente disuelto a través del Decreto 870/2024. Esta medida, según la argumentación gubernamental, se enmarca en la estrategia para racionalizar el gasto público y eliminar duplicidades en la administración estatal.
El I.A.T. fue creado mediante el Decreto Nº 1004/14 por la ex presidenta Cristina Kirchner y su ministro Florencio Randazzo con el objetivo de integrar los sectores público y privado en la planificación del transporte, promover la investigación en esta área y colaborar con el Ministerio del Interior y Transporte en la elaboración de programas de mejora.
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No obstante, a lo largo de los años, el Instituto comenzó a mostrar superposición de funciones con otras áreas de la administración, como la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya lideraban la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte en el país.
En abril de 2024, con la promulgación del Decreto Nº 318/24, el I.A.T. fue transferido al ámbito de la Secretaría de Transporte bajo la órbita del Ministerio de Economía. Sin embargo, tras una evaluación del Gobierno, se determinó que muchas de sus funciones eran redundantes, lo que llevó a la decisión final de disolver el organismo.
Los motivos detrás de la disolución
El decreto justifica la disolución del I.A.T. en un contexto de optimización de los recursos públicos. Según el documento, la existencia del Instituto no se consideraba necesaria, ya que sus tareas podían ser asumidas por otras dependencias que ya estaban operando en el ámbito del transporte. Esta medida se alinea con el objetivo del Gobierno de reducir el gasto público, eliminando entidades cuya contribución al interés general se considera marginal.
En el texto se menciona explícitamente la necesidad de maximizar la eficiencia del gasto, asegurando que los recursos estatales se destinen a áreas prioritarias y a quienes más lo necesitan. Esto se inscribe en la estrategia más amplia de la Administración actual, que ha implementado diversas acciones para equilibrar las cuentas públicas y mejorar la transparencia del gasto.
