Fijan 15 días de detención para el ex concejal de Fernández y su defensa pidió "nulidad" del proceso

La jueza de Control y Garantías de la ciudad de La Banda, Roxana Menini, fijó ayer en 15 días la detención del ex concejal de Fernández, Robles, sindicado de mantener cautiva a su familia durante una década y, como resultante de ello, provocarles un sufrimiento en la salud física y psíquica de esposa y dos hijos. Por el contrario, la defensa abogó por la nulidad "de todo".

Para los expertos, las víctimas experimentaría un trastorno denominado agorafobia, "un tipo de trastorno de ansiedad, tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado".

La investigación comenzó el 6 de agosto por la denuncia de un familiar y al mes siguiente la propia magistrada dio luz verde a un allanamiento, a solicitud de las fiscales Natalia Saavedra y Alicia Falcione. Ese 6 de septiembre, el hombre, de 52 años, fue retirado de su casa y horas más tarde fue denunciado por su esposa e hija, de 32 años.

Al fundamentar, la Fiscalía señaló ayer que el hijo del acusado pareciera ser el más afectado por la situación que se le imputa al aludido exconcejal, porque ni siquiera quiso denunciar sus supuestos padecimientos. No puede mirar a la cara a nadie y se oculta o tapa permanentemente, según informaron fuentes del entorno.

La esposa reflejaría sentimientos de culpa por no haber podido evitar la situación. Ahondó la Fiscalía que a ella el sujeto la controlaba mucho, impidiéndole abrir las ventanas, mucho menos retirarse de la casa.

En tanto, la hija aparecería como más consciente de lo que sucedía en el departamento céntrico. Pero no se animaba a pedir ayuda, ya que su progenitor imponía las normas de conducta y no podían ser infringidas bajo pena de sanciones.

Las fiscales habrían añadido en la audiencia que esposa e hijos se alimentaban muy mal: "Los chicos tienen agorafobia, los tres con bajo peso, con signos de deshidratación y de acuerdo con lo que dijo la médica de Sanidad se los veía con una palidez característica de las personas a las que no les da la luz solar", graficaron las funcionarias.

"Cero contacto con familiares y/o amigos, mucho miedo y desconfianza", añadieron. La hija habría relatado que la última vez que pudo salir fue hasta la escalera del edificio, una vez en el año 2019. Es más, acotó que no se les proveía, ropa ni medicación.

Aún contratada como empleada de la Legislatura, según declaró el propio acusado, nunca pudo salir de la casa, ya que su padre le retenía la tarjeta de cobro y él disponía sobre su destino. Después de escuchar también a la defensa (recuadro aparte), la jueza convirtió en detención la aprehensión del individuo, al considerar que "existen riesgo procesales".

A pesar de todos los padecimientos relatados, se supo ayer que este miércoles los hermanos se presentaron en los tribunales e intentaron desestimar todo, muy preocupados porque el padre está preso y lo quieren de vuelta en casa.

Sayah Correa: "Procedimiento arbitrario, nulo de nulidad absoluta"

Para la defensa, a cargo de Federico Sayah Correa, "no se configuraron los delitos en investigación, a más de que tomaron como válido, tanto el Ministerio Fiscal como la jueza, actuaciones policiales que por cierto nuestro Código establece que únicamente serán válidas las actuaciones llámese declaraciones o pericias ordenadas por un juez y llevadas a cabo ante los tribunales y/o auxiliares de Justicia designados a esos efectos".

La detención se registró el 6 de septiembre en el departamento en pleno centro de Fernández. El "jefe de familia" fue apresado y conducido a la comisaría local. Entre las 9 y las 18, trabajaron en la vivienda efectivos policiales pertenecientes al Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos. La comisión incluyó psicólogos y perfiladores, quienes -en teoría- brindaron contención a las tres personas y después dos refrendaron una denuncia.

En el debate de ayer, el letrado instó a la declaración de nulidad de lo actuado por la policía. "El fin único y último de la Ley es garantizar el debido proceso y los derechos del imputado, que en el caso de análisis advierto una verdadera y marcada violación a esos derechos a más de que sin prueba alguna se ha sostenido la detención del imputado, totalmente arbitraria por ser el procedimiento nulo de nulidad absoluta".

Es más, Sayah Correa subrayó que la autoridad "… ha tomado como válida la declaración de las supuestas víctimas en sede policial y posteriormente, desechando o desestimando la declaración rendida por ellas mismas ante el ministerio fiscal. A todas luces, ello demuestra la ilegalidad de la valoración de las declaraciones que afectan gravemente las garantías constitucionales del imputado y del debido proceso, ya que todo lo actuado es nulo e inexistente", enfatizó.