La debilidad del modelo económico: entre el derrumbe del gasto público y la crisis social por la caída del consumo

No llegan las buenas noticias en materia económica y financiera para el gobierno. En el Congreso, los recientes reveses políticos (como la ley de la movilidad jubilatoria a vetar, el DNU con los $100.000 millones de la SIDE y la aterradora visita a Astiz) encendieron las alarmas en los mercados, por la debilidad política mostrada. Aunque las distintas cotizaciones del dólar (blue, MEP y CCL) parecen haberse estabilizado, esa calma es apenas superficial: el Banco Central (BCRA) sigue interviniendo activamente, evitando fluctuaciones abruptas, pero comprometiendo aún más sus escasas reservas. Esta semana volvió a vender divisas netas.

Los datos fiscales de julio de 2024 reflejan la profundización del ajuste en el gasto público, un ajuste que está erosionando rápidamente el consenso social alrededor de un modelo económico que apuesta a una desinflación con poca o nula actividad económica. Según el último informe del Ministerio de Economía, los gastos de capital en obra pública han caído un 79% en términos reales en julio, lo que pone en riesgo la ejecución de proyectos estratégicos para el país. Con la infraestructura estancada, la posibilidad de "abrirse al mundo" parece una quimera, dejando a la Argentina cada vez más rezagada en términos de competitividad regional. ¿Puede la obra vinculada al RIGI reemplazar esta caída? No suena fácil, pero, aunque lo logre, no se trataría de obras que puedan derramar en otros sectores. Los problemas se multiplican.

A este sombrío panorama se suma la caída persistente en la economía. El PBI sigue en descenso (el EMAE de junio supone una caída sin agro de 6,5% acumulado en el semestre interanual) y, con él, se arrastran los indicadores de consumo, como los de carne y leche, que han llegado a niveles históricamente bajos. El consumo per cápita de carne, un termómetro clave del bienestar de los argentinos, se encuentra en mínimos que no se veían desde hace décadas. A su vez, el consumo de leche, un alimento esencial, refleja una alarmante contracción, lo que evidencia el deterioro en la dieta básica de gran parte de la población. Esta reducción en el consumo no es un fenómeno aislado: es un claro reflejo de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que están ajustando sus hábitos de consumo para hacer frente al shock tarifario.

La inflación, que en julio marcó un 4%, podría desacelerarse levemente en agosto, pero su impacto en la vida cotidiana ya ha dejado huellas profundas. Bajar la inflación no es mejorar los ingresos. Esto ya lo deberíamos saber. El aumento en las tarifas de servicios esenciales como gas, luz, agua y transporte público está devorando los ingresos de los trabajadores. Para muchos hogares, estos aumentos, impulsados por la necesidad del gobierno de reducir subsidios y cumplir con las metas fiscales impuestas por el mantra libertario, han significado una carga insoportable. Los ajustes en las tarifas están llevando a un ajuste de la calidad de vida de la gente, que se ve obligada a recortar en sus consumos básicos para poder pagar las facturas mensuales. Esta situación está profundizando la desigualdad social y económica en el país, donde cada vez más familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. Cabe destacar que la zona del país que más perjudicada se ve en esta coyuntura provocada por el gobierno nacional, son los partidos del conurbano en la Provincia de Buenos Aires.

Las tres claves que sigue de cerca el gobierno, insistimos, —la inflación, la brecha cambiaria y el riesgo país— reflejan las tensiones internas del modelo. La brecha cambiaria sigue firme, aunque las recientes intervenciones del BCRA lograron evitar que se disparara aún más. Sin embargo, lo más preocupante es el comportamiento del riesgo país, que se disparó arriba de los 1.500 puntos básicos (la única variable que tuvo rebote en V -negativo- tras una breve estabilización). Este indicador es crucial porque refleja la percepción de los inversores sobre la capacidad de Argentina de cumplir con sus obligaciones financieras, complicadas de acá a julio de 2025. Un riesgo país elevado significa mayor costo de financiamiento para el Estado y las empresas, limitando la posibilidad de nuevas inversiones, pero sobre todo obturando la obsesión por la salida del cepo sin nuevos shocks.

Las reservas internacionales siguen bajo presión, con un panorama alarmante. Aunque el BCRA ha logrado comprar algunas divisas en las últimas semanas (aunque no en ésta), las reservas netas se encuentran en un preocupante nivel de U$S 3.355 millones negativos (o U$S 5.650 millones si se consideran los Bopreal con vencimientos cortos). Esta situación crítica imposibilita entonces la idea de una salida del cepo cambiario en el corto plazo. La economía real no muestra signos de recuperación sostenida, y los mercados no están tomando las señales que podrían generar confianza suficiente para acompañar una posible flexibilización del cepo. No hay tracción desde los mercados hacia las inversiones, ni desde la actividad concreta hacia los salarios. Al contrario.

¿Quitar el cepo? En este contexto, es una misión imposible. Sin acceso a financiamiento externo, sin nuevos ingresos de divisas por exportaciones y con un mercado que sigue mostrando desconfianza, liberar el mercado cambiario no solo generaría una devaluación descontrolada, sino que aceleraría la inflación y la fuga de capitales. El BCRA sugirió que los niveles de estabilidad monetaria para salir del cepo recién se alcanzarían en diciembre de 2027. El loop parece interminable.

El problema no es solo coyuntural, sino también estructural. La Argentina está atrapada en un círculo vicioso de falta de crecimiento, alta inflación y desconfianza de los mercados. La caída en la inversión pública en infraestructura es un síntoma de un ajuste fiscal para cumplir con las metas del FMI y del mantra libertario, pero que deja al país sin capacidad de crecimiento a mediano plazo. Sin nuevas inversiones en infraestructura, es difícil imaginar cómo el país podría mejorar su competitividad, dejando todas las fichas apostadas al RIGI de pronóstico todavía abierto. La frutilla del postre ocurrió este martes, el ministro de Economía declaró que el día 2 de septiembre se reducirá el impuesto País de 17,5% a 7,5%, beneficiando las importaciones. Paradójicamente, los días 2 de septiembre se conmemora el día de la industria, en nuestro país.

El consenso social también está en crisis. La sociedad, golpeada por la inflación y la caída del poder adquisitivo, comienza a mostrar signos de agotamiento ante un modelo económico que no ofrece mejoras visibles en el corto plazo. La combinación de la caída del consumo de carne y leche, junto con los aumentos tarifarios que erosionan los salarios, está ajustando la calidad de vida de millones de argentinos. La idea de que un ajuste fiscal puede convivir con un crecimiento económico sostenible parece estar cada vez más lejana. Sólo le queda la desinflación al gobierno, cuestión que podría mostrar nuevos descensos, pero a costa de un modelo debilitado.