La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) respondió a la solicitud formal de la Fundación Apolo, presidida por Yamil Santoro, para retirarle la jubilación de privilegio como expresidente de la Nación.
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Horas atrás, la Fundación Apolo solicitó la baja de la asignación mensual vitalicia que recibe Alberto Fernández como expresidente de la Nación, luego de que estallara el escándalo por la denuncia que efectuara su expareja, Fabiola Yáñez, por presunta violencia de género.
Mediante una nota dirigida a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), esa entidade solicitó "la baja de la asignación mensual vitalicia percibida por el ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, conforme los fundamentos que se exponen".
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Entre esos fundamentos, citan el "incumplimiento del requisito de mérito y honor" por parte del expresidente, quien fue imputado por el juez federal Julián Ercolini y este viernes ordenó el allanamiento de la vivienda de Fernández en Puerto Madero, y el secuestro de su teléfono celular y otros elementos aptos para el desarrollo de la investigación.
"Dable es considerar que el espíritu y naturaleza de la asignación prevista en la Ley 24.018 para el Presidente y Vicepresidente de la Nación, se fundamenta 'en que se trata de una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y buen desempeño en el cargo'", agrega la solicitud.
La respuesta de la Anses al pedido de la Fundación Apolo
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó que no hará lugar al pedido de la Fundación Apolo para retirarle a Alberto Fernández la jubilación de privilegio como expresidente de la Nación.
En ese sentido, el organismo previsional sostuvo que es "un derecho adquirido y solo la Justicia puede intervenir por medio con una sentencia firme".
Según el Artículo 19 inciso 4 del Código Penal, una jubilación de privilegio puede ser suspendida en caso de una condena judicial, pero pasaría a ser percibida por "los parientes que tengan derecho a pensión" y el beneficiario volvería a cobrarla tras cumplir su condena.
