Con cautelares, juez insta al cese de agresiones y escraches entre líderes y afectados de Peta

El juez de Control y Garantías de la ciudad de La Banda, Carlos Ordóñez Ducca, pacificó a las dos partes que batallan en Santiago del Estero tras la caída de la plataforma Peta, concediéndoles mutuas medidas cautelares e imponiendo un parate a múltiples agresiones verbales e indebida exposición de hasta hijos en redes sociales.

Las resoluciones fueron notificadas a las partes y se hicieron extensivas a las autoridades policiales que serán el órgano de aplicación y ejecución de la batería de medidas otorgadas, en especial seguridad.

El desencadenante de la fuerte puja entre afectados y líderes fue la caída de Peta, en julio, una plataforma de esquema piramidal que habría dejado más de 80.000 santiagueños sin la plata que pusieron a modo de "inversión". Muchos perdieron varios millones de pesos. Las denuncias se suceden en los distritos de Capital y Banda.

Ni bien los cimbronazos enfrentaron a víctimas con denominados "líderes supremos", el procurador Fabio Cisneros y su esposa, la abogada Raquel Ana María Gutiérrez, formalizaron diversas denuncias en representación de los afectados.

Pero acto seguido, las "esquirlas" repercutieron en Facebook con acusaciones de estafas, exposición de videos, fotografías de adultos y de menores.

El 27 de julio, la casa de los padres de Cisneros fue baleada por dos motochorros en el Bº 9 de Julio. La guerra verbal se acentuó en las redes sociales.

Cisneros acudió a los tribunales bandeños y pidió una medida cautelar: la misma requería la protección de sus padres, propios e hijos. Así lo concedió el juez, pero subrayó -en su extensa resolución- la obligatoriedad de abstenerse de mudar la batalla a Facebook, mucho menos exponer, con fotos, a los hijos de los protagonistas de esta estafa.

El demandante

En la práctica, el accionante reclamó un derecho de protección, pero a la vez el "remedio penal" le demandó también la responsabilidad de evitar realizar denuncias en las redes que involucren a familiares de aquellos a quienes los afectados consideran líderes supremos, muy especialmente a los hijos pequeños.

Cisneros se habría notificado, pero habría apelado. Consideraría que lo actuado por el magistrado intrínsecamente debilita su derecho a la libre expresión. La objeción sería elevada ahora a otro tribunal superior y su definición representa toda una encrucijada, deslizaron al cierre los voceros judiciales.

Pinto, Amado y Chazarreta contragolpean con abogados

Ni bien Cisneros los acusó por redes de estar vinculados al atentado a su familia, Pinto, Amado y Chazarreta contragolpearon con sus abogados, Gabriela Gauna y José Elías.

Pinto habría señalado que carece de responsabilidad en la presunta estafa; agregó que desde junio del 2023 operaba en Peta y que su caída también se llevó puesto sus ahorros y capital.

Amado, en esa sintonía, fundamentó que trabaja como comerciante hace largos años en La Banda y que también sufrió los coletazos y el derrape de Peta. Objetó que Cisneros haya subido a las redes sociales acusaciones infundadas y, en especial, que habría subido fotos de sus hijos menores.

En tercer término, Chazarreta también se plegó a la avanzada de Amado y Pinto. Señaló que no es líder supremo y que recién creció de estatus en Peta en los días previo a su caída, razón por la cual difícilmente se habría alzado con un colchón millonario de los miles de usuarios.

Al igual que a Cisneros, el juez Ordóñez Ducca concedió la cautelar a los tres accionantes. Es decir, rige la protección para todo su grupo familiar, en especial hijos, y su violación (en frente) decantaría en una lisa desobediencia judicial, enfatizó el magistrado.

Todas las partes han sido notificadas ya y comprenden perfectamente a qué atenerse. Pueden litigar en los tribunales, pero absteniéndose de recurrir a la espuma o efervescencia para inundar las redes sociales con insultos, acusaciones bajas, menos fotografías de hijos o familiares menores de edad.