"Es fundamental que la Justicia actúe con celeridad y que las sanciones sean acordes" 

La denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández es un recordatorio desgarrador de la persistencia del machismo en los más altos niveles de poder. Como feministas, hemos denunciado incansablemente que la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino una manifestación estructural de la desigualdad que atraviesa a toda la sociedad. Cuando un hombre que ha ocupado un cargo tan relevante es acusado de ejercer violencia, la asimetría de poder entre agresor y víctima se exacerba, generando un impacto aún más devastador. Es fundamental que la Justicia actúe con celeridad y que las sanciones sean acordes al rol que Fernández desempeñó y a la magnitud de las consecuencias sociales de sus acciones.

La gravedad de este caso pone en evidencia la necesidad urgente de que el Estado argentino declare la Emergencia Nacional en violencia de género. Los dramáticos datos de femicidios y transfemicidios, con 125 víctimas solo en lo que va del año, no pueden seguir siendo ignorados. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei ha recortado y eliminado políticas públicas clave para la prevención y asistencia a las víctimas, dejando a las mujeres aún más desprotegidas. Esta falta de compromiso con la vida de las mujeres es inadmisible y exige una respuesta firme y contundente de toda la sociedad.

Es imprescindible que se cumplan las leyes nacionales y los compromisos internacionales que el país ha asumido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, como la Ley Integral 26485, la Ley Micaela y la Convención de Belém do Pará. Estas normativas no son solo logros del movimiento feminista, sino herramientas vitales para proteger a las mujeres y diversidades en situación de violencia. La sociedad argentina no puede tolerar que agresores continúen en el poder ni que las víctimas sigan siendo silenciadas. Basta de violentos en cargos públicos. Justicia y solidaridad con todas las víctimas.