El Gobierno impulsa proyecto para subir la edad jubilatoria de las mujeres y de los hombres a 75 años

El Poder Ejecutivo Nacional quiere avanzar con una reforma laboral ampliada junto con una reestructuración del sistema previsional.

Se trata de los primeros puntos que la Casa Rosada quiere tratar en el Consejo de Mayo, que fue creado por decreto esta semana y será presidido por el jefe de gabinete, Guillermo Francos. El oficialismo quiere que lo integren representantes de Diputados, Senado, CGT y el Grupo de los Seis.

La mesa chica de Balcarce 50 señala que el sistema previsional no es sostenible y apunta contra la estructura de la recaudación. Quiere reducir el número de jubilados y aumentar la formalidad laboral para que más gente pague los aportes.

"Afecta bastante a las cuentas que las mujeres se jubilen a los 60. Es una cuenta que quedó vieja porque hoy la gente vive hasta los 90 años y representa un gasto más grande que hace treinta años. Nuestro ideal es unificar la edad jubilatoria de las mujeres y de los hombres a los 75 años", expresó a TN un funcionario cercano al presidente, según publica el portal.

La mesa técnica del Ejecutivo quiere además establecer la posibilidad de optar por un sistema jubilatorio privado, como las AFJP.

El Gobierno había incluido esta reforma en los puntos del Pacto de Mayo que estaba previsto para el 25, pero lo cambió para el 9 de Julio. Milei habló de modificaciones previsionales que permitan "suscribirse a un sistema privado de jubilación" en la apertura de sesiones ordinarias en marzo.

Quedó finalmente en el punto 9 una "reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron". El oficialismo tampoco pudo pasar por el Senado la totalidad de los artículos que modificaban el régimen jubilatorio.

El Gobierno busca avanzar además con una reforma laboral ampliada que modifique la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) e incluya los puntos del DNU 70/2023 que dejó sin vigencia la Justicia laboral y no fueron incluidos en la Ley Bases que fue sancionada a fines de junio.

Se trata de la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos, la prohibición de los bloqueos sindicales a empresas y la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos. Incluye también la limitación al derecho a huelga y la declaración de la educación como servicio esencial.

"Queremos establecer un sistema de acuerdo entre privados en el que no se meta ninguna tercera parte. La idea también es que haya más gente en blanco, lo que también le conviene a los sindicatos", expresan.

Para acceder a una jubilación una persona debe contar con 30 años de aportes laborales (descuentos que, en el régimen general, son del 11% del sueldo bruto) y tener 60 años de edad en el caso de las mujeres, y 65 años en los hombres.

Pero no todas las personas en la Argentina se jubilan bajo las mismas condiciones: existen algunas actividades que cuentan con beneficios especiales, ya sea por acortar la edad de retiro (en el caso de actividades consideradas insalubres), exigir una menor cantidad de años de aportes (por ejemplo, a trabajadores agrarios y de la construcción se les piden 25 años), el nivel de haberes (las jubilaciones son más altas) o las reglas de movilidad (el tipo de actualización al que están sujetas).

En el SIPA existen 7 tipos de regímenes especiales que nuclean a docentes universitarios, docentes no universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, personal del Servicio Exterior y trabajadores de los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio.

Pero, además de ellos, en el sistema general existen unos 200 regímenes de excepción, según dijo a Chequeado Rafael Rofman, especialista en temas previsionales. Se trata de subsistemas enrolados dentro del régimen general, pero que otorgan algunos beneficios particulares, como el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos. En números absolutos, son 4,2 millones de beneficios en 2023, según estimaciones de la consultora Invecq que preside el economista Esteban Domecq.

Además de estos regímenes especiales, otra vía de acceso excepcional a las jubilaciones son las moratorias, que consisten en otorgar un plan de facilidades de pago para que aquellas personas que no cumplan con los 30 años de aportes obligatorios puedan acceder a una jubilación y paguen (con descuentos aplicados en sus haberes) la deuda previsional que mantienen con el Estado.

Según los datos de la ANSES, en marzo último había una relación de 1,8 trabajadores por cada persona que cobra un haber previsional: se registraron 10,5 millones de aportantes al sistema (es decir, trabajadores a quienes se le efectúa un descuento previsional) y 5,6 millones de jubilados y pensionados.

Como se explica en esta nota, se considera que se deben tener 3 trabajadores activos por cada pasivo para que el sistema se autofinancie.

Esta merma en la relación entre el número de aportantes y los beneficiarios del sistema se agrava al considerar la calidad de los aportes: en los últimos años, la expansión del mercado laboral estuvo sostenida mayormente por la creación de puestos de trabajo precarizados, en los que las contribuciones son escasas (en el caso de que el trabajador pague el monotributo) o nulas (en el caso de los trabajadores informales).