Leyes Bases que no articulan con los intereses y la vida de los argentinos

El núcleo de la propuesta del oficialismo para algunos está en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que consiste en incentivar por un período de 30 años, mediante políticas fiscales, aduaneras y cambiarias una cantidad de inversiones en minería, petróleo, gas y agropecuarias. Según publicación en ADN del 11/05/24 titulado El RIGI un proyecto anti-Argentina, en el mismo no hay articulación con el entramado productivo nacional. Si bien es necesario el capital extranjero para una estrategia de desarrollo nacional, no se puede hacer de cualquier modo. El RIGI hecha por tierra cualquier oportunidad de apalancarse en nuestros recursos naturales para capturar renta de forma razonable y de articular con los sectores productivos ya existentes. Otorga beneficios tributarios, aduaneros, y cambiarios contra el único requisito de que hasta el 40% del monto del proyecto se ejecute en los dos años posteriores a la aprobación del régimen de adhesión y ata al Estado Argentino de pies y manos durante30 años para capturar rentabilidades extraordinarias y hacer políticas de desarrollo productivo.

Entre los privilegios en los orígenes del RIGI se citan: Reducción de la alícuota de ganancias del 35% al 25% y amortización acelerada de bienes que disminuye impuestos. Retenciones 0%a todas las exportaciones que surjan de las inversiones de extranjeros; siendo que por ej: en el agro siguen pagando33% de retenciones los inversores Argentinos, a pesar de que en campaña se prometió quitar o bajar las mismas. Arancel (0 cero) a la importación de maquinarias nuevas, usadas y bienes de capital, que no contempla los intereses de las empresas Argentinas que fabrican y venden dichas maquinarias; es decir no se establecía ningún requisito de compra de maquinaria a empresas nacionales. Liquidación de Divisas en el Mercado Único Libre de Cambios del 80% el primer año, 60% el segundo año y 0% en el tercer año de la inversión.

Retomando al artículo anteriormente mencionado y las condiciones del RIGI a esa fecha 11/mayo/2024 es el régimen más generoso de la historia del país; sin ninguna condición a cambio, ni ahora ni nunca. Así para una minera multinacional podrían importar con 0% de arancel toda la maquinaria, hasta los baños químicos y ropa para los trabajadores, que hasta ese momento no se había aclarado si eran extranjeros o locales. De esta manera para los empresarios extranjeros se les da todo y a las comunidades nacionales nada... Es un régimen que de aprobarse nace herido de legitimidad social y política. Es entrega a empresas extranjeras de los recursos naturales, especialmente los no renovables. Puede originar muchas polémicas para resolver en la Suprema Corte de Justicia por los conflictos entre las limitaciones a las provincias originarias de los recursos y la Nación, o terminarán en el CIADI (Tribunal Internacional) en el que Argentina ha enfrentado litigios y al que no le convendría nuevamente recurrir. Solo queda el camino de rechazarlo en la Cámara al Rigi o de cambiarlo severamente, con menos beneficios a inversores extranjeros e imponer condiciones de articulación productiva con la industria nacional, para no tener que arrepentirnos durante 30 años. A esto se le suma que por el art 162 de la ley base se dispone la invalidez de cualquier otra norma preexistente (por ej.: Provincial o Municipal) que sea contraria a los beneficios y exenciones del RIGI. Sise determina que el RIGI se resuelva provincia por provincia, les puede perjudicar cualquier futuro reclamo sino se elimina el art 162 de la ley base.

La falta de contemplación de los recursos naturales no renovables y de las normas ambientales complica aún más su aceptación. Además de la competencia desleal que se haría con la producción nacional que tendría muchísimos más costos para obtener el mismo producto. Esto puede producir la quiebra de muchas de las empresas nacionales y absorción de las mismas por empresas extranjeras, originando unas especies de monopolios formadores de precios altos para el consumo local. Si van desapareciendo las empresas nacionales en el mediano o largo plazo, con el RIGI, disminuirán los ingresos impositivos del Estado, dificultando el mantenimiento del superávit fiscal y el pago de la deuda externa. El RIGI está articulado con el mega DNU de Milei en el que facilita la extranjerización del 100% del territorio nacional; ya que podrán adquirir propiedades de yacimientos mineros o agropecuarios Argentinos de las empresas que no puedan sostener los costos de producción, ni competir con los beneficiarios del RIGI. Las pymes miran de reojo que se apruebe el RIGI. También según publicación en PERFIL de Ariel Maciel del 06/06/2024 con respecto a las crisis de las pymes, nos lleva a un estudio de las cámaras más representativas del sector: el derrumbe de la producción, con la pérdida del poder adquisitivo que desarmó el consumo interno, llevó a las fábricas manufactureras a proyectar despidos, que podrían tocar el techo de 300.000 operarios en la calle y se continúa diciendo que el Estado no tiene ningún plan estratégico para que la Argentina pueda crecer. Para el Gobierno la solución del país son los grandes inversores a través del RIGI. Similar queja tienen algunos representantes del agro que no ven que el Presidente Milei apueste al funcionamiento de la economía nacional y a los recursos propios incluidos los del agro, que son buena parte de los ingresos del Estado.

Yendo a otro punto de la ley bases: 

-La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley bases, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.

-Esta situación le posibilita al Poder Ejecutivo Nacional tomar ciertas decisiones sin cumplir con todos los procedimientos administrativos habituales o sin contar con el aval del Congreso de la Nación.

Se declara la Emergencia Pública por el plazo de 1 año, eso implica que ciertas facultades, que en un estado normal suelen funcionar con ciertas burocracias, sean simplificadas para tomar decisiones. Implica la posibilidad de que el Gobierno Nacional tome decisiones por decreto sin la necesidad de que se aprueben leyes. Según Luciana Díaz Frers, ex Directora Nacional de Políticas Fiscales del Ministerio de Hacienda de la Nación la emergencia permite al Ejecutivo tener una injerencia mas fuerte en cuestiones que deberían ser debatidas en el Congreso. Y contribuye a la centralización en la toma de decisiones, que a veces es muy eficaz, pero que debilita la democracia y la práctica Institucional de someter a discusión las decisiones de política pública.

El art 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, a excepción de determinadas decisiones de administración o de emergencia pública.

Entre otras funciones se le permite al Presidente Milei a avanzar en una reforma del Estado y renegociar o rescindir contratos de obras públicas, el Ejecutivo deberá informar mensualmente al Congreso las acciones realizadas por las facultades delegadas y se dispone que los decretos dictados por el Gobierno en el marco de la emergencia, deberán ser controlados por una comisión bicameral. La Corte considera que los DNU por parte del Ejecutivo deben ser excepcionales.

Dentro de las facultades delegadas está la privatización de las empresas públicas, tema que debe decidirse, de manera particular dichos artículos, desde el Congreso en cuanto a la forma de instrumentar la venta delegada y el mecanismo de control. En cuanto a la reforma del Estado, que haya alguna reubicación consensuada en otra área con el personal que ya no se necesite donde estaba o un retiro voluntario para el que no esté en condiciones de jubilarse... Otra de las funciones es la toma de deuda externa sin pasar por el Congreso, siendo un tema muy complejo ya que deberían fijarse topes de los créditos y de las tasas y que el destino de los mismos sea para los servicios o necesidades más urgentes, no para compras de por ahora innecesarios armamentos.

Ya que Argentina debe tener una posición neutral en conflictos como el de Ucrania y Rusia. Zelenski reveló en anticipo de cadena 3 que negocia con Argentina coproducir armamentos. Argentina no debe inmiscuirse en ninguna provisión de armas ni militarmente, La única forma de que termine la sangría de soldados ucranianos y rusos (además de los civiles) es no venderles (lleva más de dos años y medio de guerra). Lo mismo respecto al conflicto de Israel y Palestina, en el cual el Presidente Milei mencionó inclaudicable apoyo a Israel. En su política exterior ha faltado diplomacia y cintura política, por ejemplo con China, que están muy ofendidos por los dichos de nuestro Presidente Milei. Su preocupación por la soberanía deja baches, como el de permitir que se vendan zonas de frontera Argentina a extranjeros, limitando nuestra soberanía o el control de contrabandos y militar en esos lugares. También es importante respetar la división de poderes y que para decisiones tan importantes no se esté apurando y presionando o negociando con gobernadores algunos beneficios provinciales que les impida ver a ellos o a los legisladores las necesidades de conjunto de la Argentina. Si con el tema de los alimentos almacenados, el Ejecutivo se molestó por lo que les pareció una excesiva participación de la justicia que salteó la división de poderes, la misma regla se aplica al revés para que los legisladores voten con menos presiones y que no se haga la votación justo cuando el poroteo de votos sea favorable al oficialismo, aunque sea por un voto en senadores... No se trata de estar en contra de la ley bases, sino de las leyes o decretos injustos. El Congreso al ceder estas facultades indelegables, deberá tomar todos los recaudos para no perjudicar más a los Argentinos. Se trata, en todo caso, de hacer una prudente y razonable delegación de facultades con un marco acordado en el Congreso. Sin ofender a nadie, debemos apoyarnos solo en Dios; Jeremías 17, 5-8 "Maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en las fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor, será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien".

En publicación de página 12 portada AM750 el Padre Pablo Adrián Molero Coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Derechos de las Personas con Discapacidad, aseguró que el gobierno tenía preparado un proyecto de decreto de desregulación de las prestaciones que se dio a conocer el 08/05/2024. Dicho borrador del decreto ya tenía un número, un dictamen de Legal y Técnica y faltaba solo la firma del Jefe de Gabinete o del Presidente de la Nación, lo que provocaría en principio que 200.000 personas se vean afectadas para acceder a ese derecho. Con ese decreto se eliminaría el costo único de las prestaciones y los logros de la ley 24.991 del año 1.997, que facilita el acceso a la atención y a evitar desigualdades. A raíz de lo anterior surge que la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja sacó un dictamen, con acuerdo de todos los bloques, excepto de La Libertad Avanza para que el nomenclador de prestaciones sea obligatorio. Gracias a un dictamen de mayoría al proyecto referido de prestaciones básicas a discapacitados, contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Asimismo los legisladores se comprometieron a pedir rápidamente el tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Se busca garantizar la Universalidad de la atención en todo el territorio Nacional y sobre la base del principio de no discriminación por motivos de discapacidad. Afortunadamente en representación de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine reiteró que el decreto Presidencial no va a salir, es un borrador que no se va a firmar, así que no tienen que preocuparse porque no se van a limitar las prestaciones; aunque no hay una comunicación o confirmación oficial de lo manifestado.  

Es penoso que no se consideren en su dimensión los derechos de las personas discapacitadas y que las deberíamos denominar con capacidades diferentes, ya que muchos de ellos nos dan ejemplo de fortaleza, de reincidencia y de amor en el seno de las comunidades y familias.