Constitucionalista indicó los riesgos de delegar facultades al Presidente 

En una nueva jornada de exposiciones en el Senado por el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal que cuentan con media sanción, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió sobre los riesgos de la delegación de facultades que se otorgarían al presidente Javier Milei.

Explicó que si el Congreso de la Nación le autoriza la delegación de facultades legislativas, puede alterar los montos coparticipables y hasta modificar la Constitución nacional.

Fue ante una serie de consultas del senador Daniel Bensusán (Unión por la Patria, La Pampa), quien pidió precisiones sobre la declaración de la emergencia pública, las delegaciones de facultades y las bases establecidas.

El legislador preguntó si el Presidente podría modificar leyes en materia tributaria, afectando directamente la recaudación, la coparticipación de las provincias. También, si podría afectarse el envío de aportes no automáticos, con afectación específica para las provincias, como las cajas previsionales, programas de salud, educación, seguridad, entre otras.

A todos estos interrogantes, Gil Domínguez, respondió afirmativamente. "Sí. El artículo 76 no establece límite de las materias que deben ser delegadas, especialmente cuando se vincula con la emergencia. Hay un margen, para que el Poder Ejecutivo Nacional co-legisle para disminuir o aumentar determinado impuesto. Desde ese punto de vista, sí se podría".

Además, el constitucionalista se refirió puntualmente a la delegación de poderes pretendida por el presidente Javier Milei, incluida dentro del proyecto de Ley de Bases.

Dijo que tal como está redactada, la norma es "inconstitucional". Fue su conclusión tras explicar sobre las situaciones en que se pueden delegar poderes, ausentes en el proyecto.

Advirtió que se trata de delegaciones legislativas encubiertas, sin ningún tipo de control. "Desde este punto de vista, la delegación legislativa que se propone implica una habilitación al Poder Ejecutivo para que pueda hacer una reforma constitucional encubierta", juzgó.

Por último, aconsejó a los legisladores que consideran que tienen que darle herramientas al Ejecutivo para gobernar, que se reformule la Ley 26.122 o un agregado especial, "mediante el cual se establezca que todos los decretos delegados deben ser aprobados en un plazo de 30 o 60 días por el Congreso. De no ser aprobados, se consideran que son rechazados". Sostuvo que este punto garantizaría una salvaguarda de lo que dice la Constitución.